El Gobierno, con el presidente a la cabeza, quiso ayer trasladar de primera mano a pymes y autónomos, los colectivos más castigados por la morosidad de las Administraciones, las bondades del crédito sindicado por 35.000 millones que un grupo de bancos y el ICO concederán a comunidades y ayuntamientos para que liquiden la deuda comercial con proveedores.
Mariano Rajoy expuso ayer en la reunión en Moncloa las líneas principales de este nuevo mecanismo y conoció en persona los recelos de empresarios y autónomos sobre este nuevo mecanismo financiero. "No se puede vivir en un país donde la gente no paga y mucho más difícil es vivir en un país donde quien tiene que dar ejemplo, las Administraciones, tampoco lo hacen", comentó el presidente, quien añadió que no hay precedentes de una iniciativa como esta que movilizará 35.000 millones de euros. "La morosidad crea problemas de liquidez, hunde y dificulta muchísimo la actuación de los emprendedores y afecta directamente al empleo", recalcó.
El ministro de Hacienda garantizó a los empresarios que los proveedores podrán cobrar de los ayuntamientos desde principios de mayo, mientras que en el caso de las comunidades, el pago se iniciará a partir de la segunda quincena de ese mismo mes. La contraprestación que el Gobierno exigirá a estas Administraciones a cambio de la inyección de liquidez será la elaboración de un plan de viabilidad económica.
Recelos de los empresarios
Los empresarios trasladaron sus recelos sobre este nuevo mecanismo financiero en tres ámbitos. Por un lado, dudan de que las comunidades tengan preparados sus listados de acreedores comerciales en apenas dos meses, máxime cuando además en Andalucía hay elecciones el 25 de marzo. Desde la Federación de Industria de Tecnología Sanitaria (Fenin), cuyo representante acudió ayer a Moncloa, se apunta que esta comunidad representa la cuarta parte de la deuda sanitaria nacional y teme que, tras la previsible victoria del PP, se paralice el pago a proveedores hasta que se afloren todas las facturas pendientes.
Otro de los representantes empresariales presentes en el encuentro comunicó al Gobierno la importancia de que el problema de la morosidad se solucione de una vez por todas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó que en la futura Ley de Transparencia que quiere aprobar el Ejecutivo se incluirán medidas para evitar que en el futuro vuelva a haber "facturas en los cajones".
A los responsables de las distintas patronales les preocupa que esta inyección de liquidez atraviese toda la cadena de contratación, es decir, quieren asegurarse que contratista que cobra de la Administración una factura pendiente paga a su vez a su subcontratista en caso de que lo tenga.
Cumplimiento del déficit
Rajoy aprovechó el encuentro con los empresarios para enumerar las prioridades de su Gobierno de cara a recuperar la actividad económica, la inversión y empleo. Subrayó su compromiso con el cumplimiento de los objetivos de déficit del 5,8% en 2012 y 3% en 2013, por lo que anticipó que el Gobierno está obligado a tomar "decisiones difíciles" en los Presupuestos Generales del Estados que se aprobarán el 30 de marzo. "En el corto plazo estas medidas pueden dificultar la situación", pero se mostró convencido de que "controlar el gasto de las Administraciones y reducir el déficit es una necesidad imperiosa y una obligación".
La segunda gran prioridad del Gobierno son las reformas, algunas ya puestas en marcha como la laboral, y otras en la agenda, como la energética, para solucionar el déficit de tarifa. En tercer lugar, Rajoy definió como "capital" el éxito de la reestructuración del sistema financiero porque "para arreglar la economía se requiere confianza y dinero, si no hay inversión".
El mecanismo no incluye quitas ni intereses
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aclaró ayer que no va a haber quitas de la deuda por parte de los acreedores con el objetivo de anticipar el cobro desde la Administración. Por su parte, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ante las dudas de algunos empresarios sobre qué sucederá con los intereses de demora, dio a entender que no están cubiertos con este mecanismo de liquidez.
"No se puede plantear una prioridad al pago a través de que los proveedores hagan una propuesta de reducción de la deuda que tienen pendiente", explicó el secretario general de la patronal Pimec, Antoni Cañete, en declaraciones a Com Radio. Añadió que "no estaría bien que los intereses los deban pagar las empresas proveedoras" y lamentó en general el problema que supone la morosidad para el tejido empresarial español.
Entre los colectivos representandos en la reunión en Moncloa estuvieron Pimec, ATA, FIAB, Fedit, Confemetal, UPTA, Tecniberia, Anave, Cepyme, Farmaindustria, Fenin, Pimec, Ametic, APTE, AMEC o FICE.
