La edad legal de jubilación es de 65 años desde hace décadas; pero ese listón empezará a moverse hacia arriba desde el primero de enero. Quien pretenda jubilarse a partir de ese día deberá tener ya 65 años y un mes para poder hacerlo, según la reforma del sistema de pensiones aprobado en 2011 por el Gobierno de Zapatero y que entra en vigor precisamente el próximo martes. La aplicación plena de la reforma no se consumará hasta 2027, cuando quien pretenda jubilarse deberá tener la edad de 67 años. Por tanto, el periodo de maduración de los cambios tiene una transitoriedad muy dilatada. Pero dada la gravedad de las finanzas de la Seguridad Social, muy deterioradas durante el último año por el fuerte ajuste del empleo, el Gobierno pretende acortar el periodo transitorio de aplicación de la reforma, de tal forma que las medidas surtan efecto más rápidamente. No obstante, el Gobierno de Rajoy pretende negociar tal modificación del calendario con el Partido Socialista para disponer del mayor consenso político posible.
En tanto, el Ejecutivo únicamente quiere llevar la edad real del retiro lo más cerca posible de la edad legal (hoy en 65 años y desde enero en 65 años y un mes). Hoy la edad efectiva de retiro de los trabajadores del régimen general de la Seguridad Social (la inmensa mayoría) es muy inferior a los 65 años, ya que solo uno de cada dos llega a los 65 para empezar a cobrar la pensión de jubilación (ver gráfico adjunto). En el mes de octubre, el último del que se dispone de datos, el 7,3% de los jubilados accedió al retiro con 60 años; el 16,2%, con 61 años; y el 7,8%, con 62. Es decir, con una media de 61 años se ha jubilado el último mes el 31% de cuantos trabajadores han llegado a la Seguridad Social.
Para retrasar todo lo posible el retiro, un fenómeno muchas veces estimulado por las empresas que encuentran en ello un alivio a sus excesos de plantilla, el Gobierno quiere poner coto a las vías de salida anticipada de la vida laboral. En primer lugar pretende prohibir la utilización de la jubilación parcial. Esta fórmula supone la salida de un trabajador de más de 60 años de la empresa en un 85% de su jornada, para ser sustituido por otro joven que hará tal jornada, mientras el 'jubilado' pasa a depender de la Tesorería de la Seguridad Social. Este mecanismo se ha convertido en un aliviadero de las plantillas envejecidas de las empresas, y le cuesta al Estado nada menos que 2.600 millones de euros al año.
Existe la posibilidad intermedia, que también maneja el Gobierno, de endurecer el requisito de acceso a esta fórmula: si ahora se precisa tener 33 años cotizados, podrían exigirse hasta 37 años, que es la práctica común en la mayoría de los países europeos.
Además, el Gobierno podría aprobar también hoy en un real decreto la limitación de las jubilaciones anticipadas, retrasando incluso la edad mínima para acceder a ella. Ahora está establecida en los 61 años para las jubilaciones forzosas (aquellas forzadas por un expediente de regulación de empleo), pero ya la reforma que entra en vigor en enero la retrasa a los 63 años para aquellas personas que acceden a este mecanismo de forma voluntaria. Podría establecerse de forma general en los 63 años para la jubilación anticipada forzosa, o acercarla desde los 61 actuales.
Podría elevar también el número mínimo de años cotizados para poder jubilarse anticipadamente desde los 33 exigidos ahora, así como elevarse los coeficientes reductores de la cuantía de la pensión a quien se jubile anticipadamente. Ahora la pensión se reduce en un 8% por cada año de anticipo del retiro, y siempre se ha considerado lo suficientemente disuasorio, por cuanto no tiene sobrecoste para el sistema de Seguridad Social.
Prolongar la vida laboral
La tercera fórmula para retrasar la edad media efectiva de jubilación es prolongar la vida laboral más allá de la edad legal para los colectivos que quieran hacerlo. Esta posibilidad permitiría compatibilizar salario y pensión a partir de los 65 años y un mes.
Ahora solo se permite cobrar una pensión pública y seguir trabajando después del retiro legal a los trabajadores autónomos que cobren menos del salario mínimo interprofesional. Trabajo quiere que esta posibilidad se extienda a otros colectivos.
Hasta ahora existen incentivos para prolongar la edad de jubilación más allá de la legal, con bonos de entre un 2% y 3% en la prestación a cobrar por cada año que se prolongue la vida laboral efectiva, con el tope de los setenta años de edad. Hay que recordar que cada año que se prolongue la carrera laboral, es un ejercicio completo más de aportaciones del trabajador a las arcas de la Seguridad Social, y un año menos que percibe su prestación de jubilación.
Esta última fórmula la han ensayado pocas personas, pero ha tenido mucha aceptación en determinados colectivos laborales, como los docentes.
