El presidente del Gobierno está empeñado en que este año las pensiones se sigan actualizando según la Ley General de Seguridad Social; esto es revalorizando su cuantía en función del desvío del IPC general del mes de noviembre respecto a la subida de la inflación prevista e inicialmente aplicada a estas prestaciones a principio de año.
Así, si se tiene en cuenta que las pensiones subieron en enero un 1% (el IPC previsto con el que se elaboraron los presupuestos), y que, según la mayoría de los expertos, los precios experimentarán un crecimiento de entre el 3% y el 3,5% este mes, el desvío que deberá pagar el Gobierno a los pensionistas está entre el 2% y el 2,5%.
Los datos que maneja el Ministerio de Empleo estiman que cada décima de desvío de la inflación cuesta a las arcas públicas 100 millones de euros correspondientes a la actualización de este ejercicio y otros 100 millones en 2013 para consolidar este desvío en la nómina de los pensionistas.
Esto significa que si el IPC general de noviembre termina en torno al 3% el desvío respecto a la subida ya aplicada del 1% representará veinte décimas y, por tanto, costará 2.000 millones, que corresponderán a la revalorización del poder adquisitivo de 2012 y son los que computarán en el déficit de este año; y otros 2.000 millones en 2013 para consolidar esta cuantía.
Igualmente, si la bajada del precio de los carburantes que esperan algunos expertos en noviembre no es lo suficientemente acusada como para hacer bajar el IPC al entorno del 3% y se mantiene en los actuales niveles del 3,5%, la factura total de la revalorización de las pensiones y su consolidación se elevaría a los 5.000 millones en dos años.
Se trata de un gasto que puede resultar excesivo para la actual situación de las cuentas públicas que, según han venido advirtiendo diferentes expertos como el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, pondría seriamente en riesgo el cumplimiento del objetivo de déficit público fijado por Bruselas en el 6,3% para España en 2012.
Si bien es cierto que revalorizar las pensiones supondría solo un par de décimas adicionales de déficit, la UE no vería con buenos ojos una medida como esa en un momento en que todo apunta a que España incumplirá otra vez el objetivo de déficit.
Sugerencias para aminorar el gasto
Ante este grave riesgo de incumplir los compromisos fiscales exigidos al Gobierno de Rajoy, desde hace ya varias semanas han surgido distintas voces del entorno del propio Ejecutivo que han ido sugiriendo la posibilidad de modificar la actual fórmula de revalorización de las pensiones.
La caja de Pandora la abrió el mismo secretario de Estado de Seguridad Social, Tomas Burgos, al indicar que cuando se conociera el IPC de noviembre se evaluaría si el Gobierno podía abonar este coste extra; o que dependiendo de dicho dato de inflación, "se estudiarían medidas para que el sistema pudiera asumir este impacto".
Días más tarde, cuando se conoció el dato oficial del aumento de precios en octubre, fue el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, quien, por primera vez de forma pública, no descartó seguir utilizando el dato de inflación de noviembre para revalorizar las pensiones, pero no el índice general, sino el IPC a impuestos constantes, que mide los precios sin tener en cuenta el efecto de los tributos.
Este último indicador es notablemente inferior al general. En concreto, en octubre pasado fue del 1,5% frente al 3,5% del índice general. Si se utilizara este IPC sin impuestos como referencia, el coste total de revalorizar y consolidar la actualización de las pensiones sería de 800 a 1.000 millones en los dos ejercicios. Es más, otras fuentes aseguraron que el Gobierno barajaba otras fórmulas alternativas como actualizar el desvío de 2012 con el IPC sin impuestos y luego no consolidarlo en 2013, con lo que se conseguiría un impacto mínimo de 400 o 500 millones (según evolucione ese indicador).
Pero todas estas posibilidades de aminorar el gasto empiezan a perder fuerza. Ayer, a tan solo una semana de hacerse público el dato del IPC de noviembre, Tomas Burgos fue más claro que nunca: "las pensiones se van a subir de acuerdo con el criterio vigente de revalorización", e insistió en que no le consta que se vaya a modificar la actual Ley General de la Seguridad Social.
La decisión no está tomada
De hecho, fuentes cercanas al Ejecutivo aseguran que respetar los actuales criterios de revalorización de las pensiones a pesar de su elevado coste y del riesgo que tiene para el cumplimiento del déficit "es un empeño personal de Mariano Rajoy". Si bien otras fuentes, que coinciden en este punto, también recuerdan que la decisión final aún no está tomada y que podría modificarse cuando se conozca el dato de noviembre.
El Gobierno tiene hasta el 31 de marzo para abonar la paga extra por la desviación del IPC. De momento, lo que ya ha hecho el Ejecutivo es presupuestar un incremento del 1% de las pensiones para 2013, con lo que la nómina total de este gasto ascenderá a 121.557 millones, casi un 5% más que en 2012 (al aumento de la cuantía hay que sumar el aumento del número de pensiones y el efecto sustitución, ya que las nuevas pensiones son casi un 40% más altas que las de quienes fallecen.
