PSOE y PP aúnan esfuerzos para extender el acuerdo sobre déficit público
PSOE y PP afrontan el reto de lograr del resto de grupos parlamentarios el apoyo a la proposición de ley de reforma constitucional registrada el viernes en el Congreso y que impone la disciplina presupuestaria para todas las Administraciones. CiU critica la premura del Gobierno y se suma a la petición de un referéndum.
Los dos principales partidos no van a tener fácil generar un gran consenso en torno a la reforma constitucional que pactaron en la madrugada del viernes y que será tomada en consideración y aprobada en sendos plenos la próxima semana. CiU considera "esperpéntica" la premura del Gobierno y considera que se ha hecho con "nocturnidad y alevosía". Los catalanes se suman a la corriente que reclama un referéndum. Otros grupos como PNV y CC quieren aprovechar que se abre el debate para introducir en la Carta Magna singularidades territoriales. El candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ofreció el viernes "cierta flexibilidad" para llegar a acuerdos con otros partidos.
Al filo de las dos de la madrugada del viernes PSOE y PP cerraron el acuerdo para reformar el artículo 135 de la Constitución, que fijará una disciplina presupuestaria para el conjunto de las administraciones públicas. Finalmente, las cifras concretas quedan fuera de la Carta Magna y los dos grandes partidos han acordado que una ley orgánica fije un tope de déficit global para todas las administraciones del 0,4% del PIB.
Dicha ley tendrá que ser aprobada antes del 30 de junio de 2012 y las limitaciones al desfase presupuestario y al nivel de deuda pública entrarán en vigor en 2020 para dar tiempo hasta entonces a la economía española a recuperarse del desequilibrio actual. La cifra del 0,4% es para el conjunto de las administraciones, pero los topes desglosados quedan de la siguiente manera: el Estado no podrá superar un déficit del 0,26% del PIB, las comunidades tendrán como límite el 0,14%, mientras que las entidades locales estarán obligadas al equilibrio presupuestario. Estos objetivos podrán ser revisables en 2015 y 2018.
La ley orgánica fijará también los criterios para la reducción progresiva de la deuda pública "de acuerdo con el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el objetivo de alcanzar en 2020 el límite contemplado en el artículo 135". Este límite de deuda es del 60% del PIB.
Los dos partidos han pactado otorgar cierto margen a los Gobiernos ante situaciones excepcionales. Para ello, el punto 4 de artículo 135 de la Constitución establecerá que "los límites de déficit estructural y de volumen de deuda solo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen del control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado".
Zapatero se explica ante la cúpula del partido
Rubalcaba descartó el viernes la celebración de un referéndum para ratificar la reforma de la Constitución e invitó a sus compañeros socialistas críticos a leerse el texto acordado, del que dijo estar satisfecho. El PSOE reunirá este lunes a su Ejecutiva Federal, a los barones del partido y al grupo parlamentario socialista, solo un día antes del pleno que tomará en consideración la propuesta.La Ejecutiva del partido se reunirá por la mañana en la sede madrileña de la calle Ferraz, bajo la presidencia de Zapatero. Previsiblemente explicará a sus compañeros de la cúpula federal las razones por las que pidió la reforma urgente. A las 17:00 horas, se reunirán los secretarios regionales con Rubalcaba y tres horas después lo hará el Grupo Socialista en el Congreso. Son numerosas las peticiones de diputados para debatir sobre este proceso.El portavoz del Gobierno, José Blanco, dijo el viernes que el Ejecutivo está "muy satisfecho" con el acuerdo porque es "una buena reforma" que establece un principio de estabilidad presupuestaria que afianzará la confianza en la economía española. La portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, se felicitó por el acuerdo, que calificó de "bueno" porque dota a la economía de la confianza que necesita, garantiza el Estado de bienestar y también la austeridad.