El viernes finalizó el plazo para que las comunidades autónomas comunicaran la cifra definitiva de las deudas comerciales incluidas en el plan de pago a proveedores puesto en marcha por Hacienda. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció en la rueda de prensa del viernes posterior al Consejo de Ministros que, hasta ese momento, se habían contabilizado 16.980 millones en 3,7 millones de facturas.
Está previsto que a finales de este mes, los 28.230 proveedores autonómicos beneficiados por el plan empiecen a cobrar esas facturas atrasadas, algunas de las cuales se emitieron muchos años atrás. La medida ideada por Hacienda supone que el Tesoro y la banca paguen las deudas comerciales de las comunidades, que deberán devolver ese importe en un plazo de diez años, con dos de carencia. Es decir, la deuda comercial se convierte en financiera.
Todas las comunidades, con la excepción de Galicia, País Vasco y Navarra, se han acogido a este programa con el que el Gobierno confía en que se evite el despido de 100.000 empleados. De los 16.980 millones que cobrarán los proveedores, 10.000 millones serán para grandes empresas, otros 6.000 millones para pymes y el resto se repartirá entre autónomos.
Por otra parte, el pasado 30 y 31 de mayo se efectuaron las transferencias para los proveedores de los ayuntamientos, que cobraron 9.263 millones. Los beneficiados ascendieron a 106.283 empresas y autónomos. Sin embargo, casi 1.500 municipios no se acogieron al plan de proveedores por falta de acuerdo en sus plenos o por presentar unas medidas de ajuste insuficientes. Para este grupo, Hacienda ha establecido un plazo hasta el 15 de junio para que presenten las facturas atrasadas con su respectivos planes de reequilibrio.
En caso contrario, el Gobierno empezará a retirar parte de la financiación que reciben estos municipios a través de la participación en los ingresos del Estado. Ello supondría un recorte en las transferencias de 1.296 millones.
Rebajas de rating
El plan de pago a proveedores ilustra los problemas que tienen los ayuntamientos y, sobre todo, las comunidades, para cumplir con sus obligaciones. De hecho, los analistas internacionales cada vez dudan más de las cuentas de los entes territoriales.
En este sentido, la agencia de calificación de riesgos Fitch rebajó el viernes en dos escalones la solvencia de la Comunidad de Madrid y en un peldaño la de Cantabria, Asturias y País Vasco, al tiempo que recortó el rating de las ciudades de Barcelona, Madrid, Pamplona y San Sebastián. La medida se produjo un día después de que Fitch rebajara la deuda de España a BBB, a solo dos pasos el bono basura.
