Los promotores presentan su decálogo anticorrupción
La Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) promulgó ayer su particular catálogo de medidas para combatir la corrupción urbanística, entre las que destaca la introducción de mayor transparencia y agilidad en los procesos, así como la revisión de todas las calificaciones de suelo existentes.
El presidente de esta patronal, Guillermo Chicote, defendió ayer la honorabilidad de los promotores, 'a pesar de los mensajes que están apareciendo en los medios de comunicación'.
Así, Chicote dijo que cuando desde la Administración se felicitan por la recuperación del mercado de la vivienda protegida (VPO) 'se nos niega un poco el pan y la sal porque somos nosotros quienes hacemos esas VPO y no los institutos municipales de la vivienda, las sociedades públicas y otros organismos'.
En opinión de los promotores, para acabar con la corrupción 'hay que poner fin a las circunstancias que la hacen posible. En primer lugar, la discrecionalidad extrema que las leyes atribuyen a los ayuntamientos y que les permite consentir la excepción', sostiene el documento debatido ayer en el XXV Coloquio Nacional de la APCE.
Los créditos para compra de suelo van a endurecerse, según admiten las entidades
Dicho escrito sostiene que el uso de dinero negro entre particulares no es corrupción, ya que ésta 'exige que el que recibe la dádiva sea funcionario o autoridad y la reciba para sí o para financiar un partido político'.
Para acabar con estas prácticas, los promotores reclaman la revisión de todas las clasificaciones y calificaciones de suelo, cambiando todas aquellas que sean susceptibles de ser modificadas.
Los profesionales de la promoción inmobiliaria reunidos ayer en Madrid creen que si se procediera a esa minuciosa revisión, en muchos casos se debería clasificar como urbanizables suelos que hasta ese momento no lo eran 'sólo por razones de oportunidad, pero sin justificación objetiva'.
Otra de las iniciativas que pondrían coto a prácticas delictivas sería evitar que se solicite a los urbanizadores más prestaciones que las expresamente previstas en la ley, encubriendo de ese modo bajo el manto de las entregas al Ayuntamiento 'otros tipos de entregas con destino privado'.
Una tercera medida anticorrupción sería la introducción de agilidad en la tramitación burocrática de los instrumentos del planeamiento, como los planes parciales y mayor control en la concesión de licencias para que nadie 'sienta la tentación de pedir recompensa por adelantar un expediente concreto'.
Expulsión a condenados
Junto con una mayor agilidad, los promotores exigen que se publiquen en internet todos los informes que recaigan en todos los expedientes, tanto los favorables como los desfavorables, 'con el fin de evitar el secretismo, tan querido por algunos funcionarios y autoridades, porque les facilita convertir la discrecionalidad en arbitrariedad'.
Como complemento a estas medidas, el sector propone que se introduzca en el Código Penal como delito específico la financiación de los partidos políticos 'obtenida como retribución de favores de naturaleza urbanística'.
Por su parte, la APCE recomendará a sus asociaciones provinciales que expulsen de sus organizaciones a las empresas cuyos directivos sean condenados por delitos de corrupción. Además de la repercusión de los últimos escándalos sobre su actividad, otro de los asuntos que fueron abordados ayer fue un análisis de los efectos que tendrá la subida de los tipos de interés. Todos los asistentes coincidieron en pronosticar que el sector continuará con la ya confirmada desaceleración de precios y que las familias podrán afrontar con relativa holgura el encarecimiento de sus cuotas hipotecarias, a pesar de que la deuda hipotecaria global alcanza ya los 545.000 millones (un 21,9% más que a septiembre del año pasado).
Sin embargo, algunos representantes de las entidades financieras asistentes a la jornada reconocieron que los créditos al promotor para adquirir suelos serán cada vez más exigentes.
'Si el desarrollo del solar está previsto en el corto plazo, entre 12 y 18 meses, la concesión del préstamo no conllevará problemas, pero si no es así, no podremos otorgar financiación alguna', advirtió Andreu Plaza, director adjunto de Caixa Catalunya.
A cambio de no endurecer más las condiciones del crédito, Plaza reclamó a los promotores colaboración para que las entidades se aseguren en los créditos a la construcción de casas que el 70% de los futuros propietarios se subroguen a dicho préstamo.
'Parte del nuevo código técnico de la edificación no se puede aplicar'
La reciente aprobación del Código Técnico de la Edificación (CTE) está provocando una auténtica guerra de cifras entre los promotores y el Gobierno central sobre cuánto se encarecerán las viviendas como consecuencia de su aplicación.El incremento del coste de construcción se situará entre un 12% y un 17%, según los distintos análisis efectuados por las promotoras. Con esos repuntes, estiman que la más perjudicada será la VPO, que al tener el precio máximo de venta limitado sufrirá un encarecimiento del 10% final que no podrá ser trasladado a los compradores. 'La consecuencia más lógica es que las empresas a las que no les salgan los números, dejarán de hacer esta clase de casas', explicó ayer Manuel Martí, secretario general de APCE. Sin embargo, el Ministerio de Vivienda ya dijo en marzo pasado, coincidiendo con la aprobación del CTE, que los precios de los pisos no deberían subir más del 1,5% como consecuencia de las nuevas especificaciones técnicas que introduce la norma.Pero al margen de los precios, una de las mayores preocupaciones que mantiene el sector es que algunas partes del CTE son en la actualidad de imposible cumplimiento. 'El documento básico que definirá como aislar las viviendas en materia de ruido es tan ambiguo, que los arquitectos aseguran que no se puede llevar a la práctica, además de porque no dice cómo, porque en el mercado no existen materiales adecuados y los pocos que hay no están homologados o son demasiado caros', subraya Martí. La APCE va a solicitar una moratoria de tres años en la aplicación de este capítulo.