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La Ley de Suelo en vigor comenzó a aplicarse en julio de 2007, pero en su disposición transitoria tercera establecía una excepción. Para todos aquellos suelos urbanizables delimitados (aquellos para los que el planeamiento ya ha establecido las condiciones de su desarrollo, o lo que es lo mismo, los que se encuentran en una fase más próxima a poderse edificar) fijaba la posibilidad de ser valorados todavía con los criterios de la antigua norma hasta un plazo máximo de tres años, salvo que el planeamientomarcara su propio límite. Tal y como ha podido saber CincoDías, los planeamientos no suelen incluir ese tipo de plazos, por lo que apenas queda un año, hasta julio de 2010, para que todos los suelos tengan que ser valorados con arreglo a los criterios de la norma actual.

¿Qué riesgos conlleva ese cambio? Una de las principales novedades que introdujo la ley es que a la hora de valorar los suelos ya no se podrían tener en cuenta las plusvalías futuras que generara aquello que se fuese a construir sobre los terrenos en cuestión. "Se obliga a valorar los solares por su situación real y no por expectativas", recuerdan en una tasadora. La diferencia entre aplicar una norma u otra en el valor del terreno puede llegar a ser del 50% o más, dependiendo del precio que se pagara y en qué momento del anterior boom inmobiliario se adquirió dicho suelo.

Como es muy poco probable que de aquí a un año buena parte de esos suelos culminen su desarrollo mientras existe un stock sin vender de más de un millón de casas, los promotores han decidido reclamar una solución "transitoria".

"Una posibilidad sería ampliar esa moratoria que establecía la norma otros dos años o tres porque lo que las empresas necesitan en estos momentos es tiempo hasta que el mercado comience a envían señales claras de recuperación", explica un portavoz de una de las grandes patronales inmobiliarias.

La cuestión técnica que se plantea ahora es cómo hacerlo. Algunas fuentes consultadas explican que podría aprovecharse el desarrollo reglamentario de la ley, aún pendiente, para retocar el ca- pítulo de las valoraciones, "cuya redacción ya se dejó en la ley bastante abierta".

Otra posibilidad es ampliar la moratoria que ya estableció el Ejecutivo en diciembre pasado a través de una modificación de la Ley de Sociedades Anónimas. Mediante el real decreto ley aprobado a finales de 2008, las empresas se evitarán en los dos próximos años tener que provisionar la caída en la valoración de sus activos, práctica que, de otra manera, les acarrearía pérdidas que pueden reducir sus fondos propios hasta el punto de entrar en causa de disolución.

Los promotores consideran que para su sector ese periodo de dos años se queda muy corto. Desde el Ministerio de Vivienda aseguran no haber recibido una propuesta en firme y los promotores insisten en que las conversaciones sobre este asunto son frecuentes.