La limitación afecta a ventas en las que al menos una de las partes sea un empresario o profesional. Así, no se podrá pagar más de 2.500 euros en efectivo si se compra un coche en un concesionario, pero sí cuando el vehículo sea de segunda mano y se adquiera a un particular. Lo mismo sucede con la vivienda. La restricción, que sigue el ejemplo de medidas similares adoptadas en Francia o Italia, persigue frenar la economía sumergida y acabar con el tradicional con IVA o sin IVA.
Incumplir la ley supondrá una sanción equivalente al 25% del pago realizado en efectivo y la Agencia Tributaria podrá exigir el cobro de la sanción al comprador y al vendedor o establecer que la multa se pague de forma solidaria. Si, por ejemplo, quien ha recibido el pago en efectivo es un empresario insolvente, la responsabilidad de abonar la sanción recaerá en su cliente. Y viceversa.
El secretario técnico del REAF, Luis del Amo, recela de la efectividad de la medida, ya que resulta difícil para Hacienda descubrir que dos empresarios o un empresario y un particular se han puesto de acuerdo para realizar un pago en efectivo superior a 2.500 euros. Sin embargo, la legislación formaliza la figura del delator fiscal. Es decir, quien incumpla el límite de los 2.500 euros podrá denunciar el hecho ante la Agencia Tributaria, lo que le exonerará de cualquier responsabilidad. El plazo máximo es de tres meses después de producirse el pago.
La Agencia Tributaria ha reservado un espacio en su página web para que los contribuyentes puedan denunciar este tipo de infracciones ¿Y quién tendrá interés en autoinculparse? Puede existir el incentivo de confesar cuando se tenga la percepción de que Hacienda está cerca de descubrir el fraude o, simplemente, por animadversión hacia la otra parte que ha participado en la compraventa en efectivo.
Para poder acceder al formulario de denuncia, Hacienda exigirá que el contribuyente se identifique y facilitará la posibilidad de adjuntar pruebas que demuestren que se incumplió el límite. Este mecanismo únicamente está ideado para la denuncia de una de las partes en una operación en metálico superior a 2.500 euros.
En cualquier caso, existen otras vías para denunciar fraudes tributarios. Incluso no es extraño que Hacienda reciba soplos de fuentes anónimas. Casi 1.000 contribuyentes están siendo investigados por la Inspección tributaria a raíz de un chivatazo. Los empresarios y autónomos temen que la medida solo sirva para elevar los costes de gestión. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, advierte que el problema se encuentra en los particulares que actúan como empresarios sin estar dados de alto. Y exige un control de las compras en grandes superficies dedicadas a la construcción y bricolaje para detectar ese fraude.
El secretario general de la Federación de Española de Hostelería y Restauración (FEHR), Emilio Galeón, señala que pagar 2.500 euros no es algo habitual, pero tampoco tan extraño y, si bien rechaza la medida, confía en que tenga un efecto positivo y así el Gobierno cumpla su promesa de rebajar las cotizaciones sociales que abonan los empresas. El presidente de la Confederación Española de Comercio, Manuel García-Izquierdo, celebra que, al menos, el límite para pagar en efectivo se amplía a 15.000 euros para los no residentes.
