La evolución nominal de las variables del mercado de trabajo en el segundo trimestre es muy engañosa: aparenta cierta estabilización, con una pérdida de empleo mínima, pero enmascara una evolución real muy destructiva, según un análisis detallado de la encuesta de población activa del segundo trimestre de 2012.
Es imposible calificar con cierto positivismo una evolución de la ocupación que sigue marcando récord de desempleo, tanto en número de parados como en tasa de desempleo sobre activos. En el segundo trimestre de este año el desempleo llegó al 24,63%, con 5.693.100 parados, máximos históricos en ambos casos. El anterior récord de tasa de paro estaba computado en el primer trimestre de 1994, con un 24,55%, aunque el número de parados era entonces de 3.932.900, lo que da una idea del cambio de tamaño del mercado de trabajo en España en los últimos 18 años.
Pero es cierto que los nuevos máximos del desempleo se producen por un avance nominal de las variables muy modesto que incita a pensar que el mercado se podría estar estabilizando: el empleo destruido se limita a 15.900 puestos de trabajo y el paro solo avanza en 53.500 personas, con mejoras de la ocupación en la construcción y en los servicios, aunque con una calidad discutible, como veremos ahora. Unas cifras muy aceptables, hasta sorprendentes, para un descenso de la actividad económica tan intenso como el INE y el Banco de España han recordado esta misma semana. Todo un espejismo.
Un espejismo que se quiebra cuando se analizan los datos de forma desestacionalizada, eliminando los efectos distorsionadores del calendario laboral, y el alto componente estacional que tiene la evolución de la actividad económica y del empleo en el segundo trimestre del año.
Veamos. El número de ocupados con esta fórmula de cómputo descendió en 176.000 en el segundo trimestre, a una tasa interanual del 4,8%, la más alta registrada desde el cuarto trimestre de 2009, cuando la crisis destruía puestos de trabajo como una trituradora. En los tres últimos trimestres, con plena coherencia con la evolución del PIB, el empleo aceleró sus tasas destructivas desde el 2% al 4,8% citado, aunque está lejos del 7,3% de pérdida de ocupación de los trimestres centrales de 2009.
Si miramos el paro, las cifras son de parecido pelaje. En el segundo trimestre se perdieron de forma desestacionalizada 214.900 puestos de trabajo, con un avance del paro del 17,8%, muy alejado también de los ritmos de destrucción de 2009, cuando el número de parados avanzaba a tasas interanuales de más del 50%.
En definitiva: no ha concluido, ni mucho menos, la destrucción de empleo, tal y como ya anticipaba la afiliación de cotizantes a la Seguridad Social, que se mueve en tasas anuales superiores al 3%. Mientras no se recupere el crecimiento económico, no lo hará. Eso sí: tras la reforma laboral de febrero, la elasticidad del empleo mejorará, y la ocupación nueva se activará cuando el PIB crezca incluso por debajo del 1%, según los mejores analistas.
El aliño del segundo trimestre
Pero en el segundo trimestre, aunque sea de forma nominal, las variables del mercado registraron un alivio que debe ser explicado. Hay una caída de la población de más de 16 años importante, seguramente relacionada con la salida tanto de extranjeros como de españoles que el propio movimiento poblacional ya ha alertado para los seis primeros meses del año. Pese a todo ello, hay un avance en la población activa, aquella que está dispuesta a trabajar y que busca activamente empleo, aunque solo se produce entre los nativos, pues desciende con fuerza entre los extranjeros. El saldo de descenso del número de ocupados de 15.900 se logra con una caída de más de 30.000 empleos masculinos, mientras que aumenta entre las mujeres (14.600), que en buena lógica registran descenso de paro.
Además, el movimiento positivo del empleo femenino se produce entre la población extranjera, entre la que sube el empleo en 9.100 personas, y desciende el paro en 59.700 personas. Este movimiento tiene seguramente bastante que ver con la regularización de empleadas de hogar, pese a que los datos no han sido todo lo buenos que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social esperaba en este asunto.
Otro detalle que corrobora esta posibilidad es el hecho de que hay un desplazamiento del empleo a tiempo completo hacia el tiempo parcial: mientras este avanza en 94.300 personas, aquel desciende en 110.300 trabajadores. Además, el empleo crece entre los empleadores y desciende entre los asalariados, y con más intensidad entre los que tienen una relación laboral temporal. La tasa de temporalidad toca mínimos históricos desde los noventa, con un 23,66%.
Situación en los hogares
La coyuntura de los hogares se deteriora más, con un nuevo avance en la tasa de paro del cabeza de familia, que llega al 20,53%, aunque mejora entre la pareja o cónyuge. La de los hijos llega al 41%. Los hogares en los que todos los activos están ocupados (8.580.500) descienden ligeramente, y en los que todos están en paro aumentan un poco, hasta 1.737.600, unos 370.000 hogares más que hace un año en esta situación. Los hogares con pleno empleo han descendido en 580.000 en un año, un 6,3%.
Las tasas de paro regionales siguen siendo especialmente dramáticas en Andalucía (33,9%), Canarias (33,14%), Extremadura (33,38%) y Castilla-La Mancha (28,72%).
El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, destacó el viernes como datos positivos el hecho de que el sector privado haya empezado a crear puestos de trabajo y que se haya incrementado el número de contratos a tiempo parcial.
El ajuste en el sector público se ceba con los eventuales
El ajuste de empleo en el sector público ya ha comenzado. España ha perdido 885.800 ocupados en el último año, casi el 5%, y uno de cada cinco de ellos (176.400 en total) trabajaban en algunas de las capas de la Administración, bien sea la central, bien la autonómica o la local. Empieza a percibirse pues el principio del proceso de adelgazamiento de la estructura administrativa que propugna el Gobierno, uno de cuyos ejes es el cierre de empresas públicas. En el último año, el empleo ha caído el 4,84%, pero en el sector público lo hace por encima del 5%.
A pesar de que la crisis cumple ya su quinto año, el empleo en el sector público siguió creciendo hasta el tercer trimestre de 2011, pero desde entonces marca una senda a la baja. Según el INE, los asalariados públicos alcanzan la cifra de 3.041.100. El pico se produjo en septiembre de 2011, con 3.220.600 millones.
Un adelgazamiento importante se ha producido sobre todo en la estructura de las comunidades autónomas, que son las que cuentan con el grueso de las plantillas públicas al tener transferidas la mayoría de las competencias. Las autonomías han despedido en el último año a 71.000 trabajadores. Pero el ajuste mayor lo han hecho los ayuntamientos, de donde han salido 76.800 empleados. La Administración, las empresas públicas y la Seguridad Social han depurado también sus estructuras, aunque en menor medida que comunidades y ayuntamientos.
Por tipo de contrato, son los trabajadores temporales los que han sufrido el proceso de reducción de las plantillas públicas en el último año. De los 176.400 empleados menos de todo el sector público, 156.300 trabajadores tenían una relación temporal con la Administración. Es decir, más del 88%.
La reforma laboral que entró en vigor en febrero de este año faculta por primera vez a las Administraciones a acometer despidos colectivos si se produce una situación de insuficiencia presupuestaria persistente. Las obligaciones que imponen la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el cumplimiento de los objetivos de déficit hacen prever que aún está pendiente un gran ajuste de empleo en el sector público.
Los eventuales son desde luego los que están en una situación más vulnerable, como lo demuestra la serie de la Encuesta de Población Activa del último año. Además, el PP introdujo una enmienda en la tramitación parlamentaria para que en caso de que una Administración plantee un ERE sean los empleados públicos que tienen aprobada una oposición los últimos en verse afectados. Se vaticina que una parte importante de las salidas se producirá como consecuencia del cierre de empresas públicas autonómicas que impulsa el Gobierno de Mariano Rajoy.
