Sanidad ha enviado a las comunidades, para que hagan alegaciones, una propuesta de orden que desarrolla el reciente real decreto que regula la condición de asegurado y beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España. Dicha norma establece que las personas que no reúnan cualquiera de esas dos condiciones podrán formalizar convenios especiales de asistencia sanitaria. El coste será de 710 euros anuales para los menores de 65 y 1.864 euros para los mayores de esta edad, según El País.
El departamento que dirige Ana Mato aclaró ayer que dichos convenios no están dirigidos a inmigrantes irregulares sino a españoles que nunca hayan trabajado y que tengan ingresos superiores a los 100.000 euros al año (rentistas). Asimismo, a europeos que voluntariamente quieran suscribir estos convenios para ser atendidos por el sistema sanitario público español. Y en tercer lugar, a nacionales de terceros países que durante su estancia en España quieran formalizar el convenio para ser atendidos por el sistema público.
Según Sanidad, la cuantía de la suscripción de los convenios se ha calculado de acuerdo a la metodología oficial de cálculo de coste de asistencia sanitaria por ciudadanos, que es la misma aplicada a la facturación por la asistencia sanitaria prestada a ciudadanos de otros países europeos. En cuanto a los inmigrantes en situación irregular, el Gobierno les recuerda la necesidad de que regularicen su situación. En cualquier caso, tal y como establece el Real Decreto-Ley 16/2012, todos los ciudadanos tendrán garantizada su asistencia básica: urgencias por enfermedad o accidente, atención al embarazo, parto y posparto y asistencia a menores de 18 años.
Los partidos de izquierda, en contra
La propuesta de Sanidad ha generado un fuerte rechazo entre médicos, colectivos de inmigrantes y partidos de izquierda. La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, aseguró que su partido está "absolutamente en contra" de que se cobre 710 euros al año a los inmigrantes irregulares para ser atendidos en el Sistema Nacional de Salud y mostró su esperanza de que la presión de los sanitarios lo impida. En la práctica, las personas que han quedado sin cobertura con la nueva regulación podrían suscribir una especie de seguro de pago para ser asistidas.
El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, aseguró que los convenios sanitarios tienen como finalidad que España "deje de ser el paraíso de la inmigración ilegal". "Los inmigrantes ilegales lo que tienen que hacer es entrar legalmente en España. Este país no puede seguir soportando ser el escenario principal de la inmigración ilegal, de la entrada de inmigrantes ilegales del conjunto de la UE", añadió Hernando. En su opinión, "los inmigrantes ilegales lo que tienen que hacer es volver a sus países".
El secretario general de la Organización Médica Colegial, Serafín Romero, avisó de que limitar a los inmigrantes sin papeles el acceso a la sanidad pública puede provocar, "a medio y largo plazo", problemas económicos e infecciosos, y recordó que para un profesional sanitario es un "deber deontológico" atender a "cualquier ciudadano". Añadió que puede conllevar demoras en los diagnósticos.
