La presión electoral y la debilidad de la banda alumbran un nuevo alto el fuego de ETA

ETA comunicó su decisión de iniciar un nuevo alto el fuego, el octavo en la historia de la banda, mediante un vídeo enviado a la BBC y un escrito trasladado al diario Gara. En el mismo anuncia que la decisión de "no llevar a cabo acciones armadas ofensivas" la adoptó hace "algunos meses", al tiempo que emplaza al Gobierno a una negociación que buscaría "acordar los mínimos democráticos necesarios" para conseguir que "los derechos del pueblo vasco sean reconocidos y garantizados".

Los terroristas devalúan también el Estatuto de Guernica y hacen una nítida apuesta por la independencia. "Hemos demostrado que el marco autonómico constituye un camino yermo para satisfacer los deseos de los ciudadanos vascos", asegura ETA. Y añade: "El Estado español es consciente de que Euskal Herria se encuentra en una encrucijada y de que aún puede optar por la opción de la independencia".

Por último, defienden la necesidad de dar "pasos firmes" en la "articulación del proyecto independentista", en su intención "de crear las condiciones para construir el proceso democrático" y en respuesta "a la represión y a la defensa firme de los derechos civiles y políticos". No hay en el comunicado una renuncia expresa a la violencia, todo lo contrario, pues mantiene que "sin confrontación no se puede superar la negación y la cerrazón".

La decisión de ETA llega después de la fuerte presión ejercida en los últimos meses por la izquierda abertzale sobre la banda para conseguir que ésta declarase una tregua permanente y verificable que facilitara la concurrencia de Batasuna a las elecciones locales de mayo en el País Vasco. El último requerimiento de Batasuna para que ETA diera este paso se conoció el pasado viernes, ante la impaciencia de la izquierda abertzale por la tardanza de la banda en anunciar el alto el fuego. De momento, los terroristas no apuntan en su comunicado ni que la tregua vaya a ser permanente ni que pueda ser verificable, aunque no es descartable que los terroristas dosifiquen sus anuncios en los próximos meses en paralelo a la respuesta que vayan dando el Gobierno y las principales fuerzas políticas a sus reivindicaciones.

La gestión de esta tregua por parte del Ejecutivo se antoja como un factor electoral de primer orden y vendrá condicionada, sobre todo, por la actitud del Partido Popular, instalado ahora en un diálogo fluido con el Gobierno en todo lo que afecta a la lucha antiterrorista, pero también con un sector minoritario, capitaneado por Jaime Mayor Oreja, partidario de volver a utilizar a ETA para desgastar a Zapatero.

El alto el fuego fue analizado ayer al detalle por la cúpula del Ministerio del Interior, con Alfredo Pérez Rubalcaba a la cabeza, pero no puede decirse que al Gobierno le haya pillado de sorpresa. De hecho, a principios del verano fuentes directamente relacionadas con la lucha antiterrorista ya conocían las intenciones de la banda a partir de una constatación que resulta a todas luces evidente: hace 13 meses que la organización terrorista no perpetra atentados y cuatro de la caída de su principal cabecilla, Mikel Kabikoitz Karrera, el jefe del aparato militar que sustituyó al tristemente famoso Txeroqui.

Una organización infiltrada

Ambas circunstancias no pueden desvincularse de otro dato: la eficaz infiltración que los servicios de seguridad han conseguido dentro de ETA desde que la banda volara la T4 de Barajas en las Navidades de 2006, un día después de que Zapatero expresara su optimismo sobre el final de la banda.

Gracias a la tarea de los servicios de información y de la colaboración francesa, se conoce que la organización dispone de unos 100 activistas, la mayoría de ellos inexpertos y vigilados en sus movimientos. El control sobre la estructura de ETA es tan férreo, reconocía a principios del verano una fuente familiarizada con la lucha antiterrorista, que se retiraron efectivos policiales de algunos dispositivos para destinarlos a la investigación del terrorismo islámico, un elemento de mayor preocupación para el Gobierno.

Esta infiltración en ETA ha servido a la policía no sólo para prevenir atentados sino para evitar también el asentamiento de sus bases operativas en territorios como Portugal, así como para seguir en caliente la creciente desafección de los presos, alrededor de 800, hacia la cúpula de la organización.

Cuando realmente asistamos al fin definitivo de ETA, se conocerá la habilidad con la que los servicios de información han conseguido interceptar los teléfonos móviles de sus comandos a través de los métodos más sofisticados imaginables, los correos electrónicos mediante los que se comunican sus activistas y los desplazamientos que realizan en vehículos vigilados en caliente por los expertos policiales. Es tal la eficacia conseguida contra el operativo etarra desde que Alfredo Pérez Rubalcaba es ministro del Interior que en el departamento que dirige se compara a modo de chiste a la banda con los '40 principales': gracias a las detenciones, la organización cambia de número uno cada dos semanas.

Es evidente que esta actuación policial ha contribuido a debilitar a ETA y, por extensión, a obligarla a declarar un nuevo alto el fuego cuyo alcance está todavía por delimitar. La cautela con la que ayer reaccionó el Gobierno y el conjunto de las fuerzas políticas entra dentro del manual al uso: después de la ruptura de la tregua de 2006, en la que Zapatero se dejó buena parte de su credibilidad, el Ejecutivo no puede arriesgarse a saludar de forma entusiasta una decisión que sigue sin despejar alguna de las principales incógnitas sobre el futuro de la banda.

Se ha impuesto, pues, la máxima prudencia, aunque hace tiempo que el Gobierno y el principal partido de la oposición están convencidos de que puede llegarse a ver el final de la organización terrorista en el curso de esta legislatura, con todo lo que ello implica en sus derivadas políticas. A diferencia de lo que ocurrió en el periodo 2004-2008, el PP ha decidido no introducir la lucha antiterrorista como arma electoral y, además, colabora en la nueva etapa abierta en mayo del año pasado en la política vasca tras el acceso del socialista Patxi López a la presidencia del Gobierno autónomo. Cualquier desestabilización de este último bien por culpa de las alianzas parlamentarias que Zapatero ensaye en Madrid, bien como consecuencia de una mala gestión de la decisión anunciada ayer por ETA, tendría un alto coste electoral para el PSOE en toda España. De esta forma, a la conducción de la crisis económica se suma a partir de ahora la gestión política de la tregua etarra como principal factor político de cara al encadenamiento de las convocatorias electorales que se avecinan.

Desde el Gobierno se subrayó ayer el mensaje de que ETA ha dado sólo un paso, pero le falta el más importante: el anuncio del abandono de las armas. El PSOE consideró el comunicado etarra "claramente insuficiente", pues según este partido lo único que podría tenerse en cuenta en estos momentos es la disolución definitiva de la banda.

El líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, advirtió de que detrás del anuncio de ETA puede esconderse la estrategia de "colarse" en las elecciones municipales y forales del año que viene. En su opinión, la manera más eficaz de responder a este alto el fuego es dejar claro a la organización terrorista que debe perder toda esperanza de lograr sus objetivos políticos.

Desde la dirección nacional del PP, se recordó que todas las treguas similares de ETA terminaron de forma trágica y se avanzó que lo único que el PP consideraría relevante sería un abandono definitivo de las armas acompañado de una condena expresa de la violencia por parte del entorno etarra. Hasta que estas condiciones no se den, declaró el vicesecretario general de comunicación del PP, Esteban González Pons, a la cadena Ser, "hay que luchar hasta las últimas consecuencias y sin tregua contra los terroristas".