"Formalizar un acuerdo nacional, político, social y territorial para garantizar la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas y hacer viables nuestros servicios públicos". Así comienza el documento del Partido Popular con sus alternativas frente a la crisis. Un argumentario que la oposición presentará mañana en la reunión con el Gobierno.

El PP explica que propondrá un "reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y una reforma en profundidad del sector público", mediante la modificación de la Ley de Bases de Haciendas Locales. Además, insta al Gobierno a duplicar el recorte del gasto público previsto para este año hasta los 10.000 millones de euros.

Asimismo, el PP cree que es necesaria una reestructuración del sistema financiero y permitir que el crédito vuelva a fluir hacia las familias y las pymes. Entre sus iniciativas, también se encuentra "diseñar un sistema tributario justo que permita establecer las siguientes rebajas selectivas de impuestos para contribuir a la dinamización de la economía, enmarcadas dentro del Escenario de Austeridad". Dentro de esto se encuentra eliminar la subida del IVA, permitir no cobrar el IVA de facturas no cobradas, reducción de impuestos a las pymes, establecer un IVA superreducido (4%) para el turismo y una nueva deducción en el IRPF del 10 % de los rendimientos del trabajo destinados al ahorro a medio y largo plazo.

"Luchar contra la dualidad en el mercado de trabajo, promoviendo con los agentes sociales una reforma laboral en línea con lo acordado en 1997, mediante la cual se potencie la contratación indefinida simplificando el actual abanico de contratos, bonificando las cotizaciones de los nuevos contratos. Para ello se propondrá un nuevo contrato indefinido mediante la ampliación de los colectivos que pueden beneficiarse del contrato indefinido de fomento del empleo", explica el PP en su documento.

La oposición también persigue "aprobar una Ley de Unidad de Mercado, en desarrollo de lo previsto en el artículo 139.2 de la Constitución, para garantizar la libertad económica en toda España, fomentar la competencia, promover la vigilancia de los precios y la igualdad en el acceso a los bienes y servicios".

Además, el Partido Popular propone la "aprobación de una ley de morosidad que establezca un límite de 60 días para pagar una factura y un límite de 5 días para emitirla. Sólo podrán superarse esos límites si el deudor garantiza la deuda con un aval bancario que permita su descuento".

El PP añade que "el Gobierno debe realizar un análisis del resultado y los objetivos de su actual política energética con el fin de poder definir, desde el consenso, el escenario de partida ('punto cero') sobre el que afianzar la nueva planificación estratégica de la política energética española".