El PP pide que el Estado avale la deuda de aquellas CC AA que cumplan el déficit

El líder nacional del PP, Mariano Rajoy, y sus presidentes regionales, reunidos hoy en la sede del partido en Madrid, han pactado una posición común con la mirada puesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de mañana, una cita de "mucha importancia", tal y como señaló el propio Rajoy unas horas antes de verse con sus barones.

Según consta en la declaración con la que la dirección del PP y sus autoridades regionales han zanjado la reunión, el aplazamiento del pago de la deuda que las comunidades contraen con el Estado por los anticipos a cuenta ha de llegar a los diez años.

La idea la había apuntado Rajoy hoy mismo en su intervención en los cursos de verano de San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

Para el PP, una medida como esta "no implicaría incremento alguno de deuda pública", si bien significaría "unas menores necesidades de financiación" de las comunidades.

En esta misma línea de dar estabilidad a los flujos de tesorería, los populares abogan por entregar a cuenta a cada comunidad un porcentaje alto de la dotación prevista por el Gobierno para el ejercicio en curso, y esa inyección de dinero se liquidaría después.

Rajoy y sus presidentes autonómicos quieren, por tanto, dar la vuelta a un mecanismo como el actual que "no tiene sentido". El cien por cien del fondo se recibiría dos años después de la liquidación, según indica el PP en la declaración.

Tanto el presidente del PP como los barones responsabilizan al Gobierno central del endeudamiento autonómico y local, sobre todo porque las entregas a cuenta de 2008 y 2009 se efectuaron en función de unas previsiones de ingresos erróneas.

"Es evidente que el problema lo creó el Gobierno entregando un dinero que obviamente no se estaba recaudando", sentencia el PP en su comunicado.

Además del aplazamiento del pago de la deuda por anticipos a cuenta, el PP apuesta por crear un "procedimiento reglado" de concesión de avales del Estado a las emisiones de deuda autonómica.

Ahora bien, para que así ocurra, habrá que estudiar caso por caso y ver si esos fondos son necesarios y a dónde los quiere destinar la comunidad.

Los populares, según destacan en su declaración, limitan esta medida a aquellas comunidades que "estén al corriente del cumplimiento de sus objetivos de estabilidad presupuestaria", es decir, a las que se ajusten al techo de déficit.

Un objetivo de estabilidad presupuestaria que el PP desea convertir en norma nacional y complementar con la racionalización del sector público, algo "inaplazable", a su entender.

Por ello, las comunidades que gobierna se comprometen a ajustarse al objetivo de estabilidad marcado y a acometer "un gran esfuerzo de contención del gasto público" que bajo ningún concepto mermará la prestación de los servicios públicos esenciales.

También prometen decir la verdad sobre las cuentas, lo que resulta ahora mismo, dice el PP, "claramente beneficioso", primero porque el rigor mejora la imagen de España, y segundo, porque permite sentar una base más certera sobre la que aplicar luego medidas de racionalización del gasto.

Según constata el PP, hay que acabar, además, con los atrasos en los pagos de la deuda comercial y con la posibilidad de que surjan nuevos gastos que superen el techo aprobado en cada comunidad.