La medida, que entra en vigor hoy, fue anunciada por los responsables de Finanzas y afecta a todos los departamentos ministeriales, institutos y empresas estatales, aunque deja fuera a los entes municipales y regionales.
Fuentes del Ministerio de Finanzas no precisaron si existe algún valor mínimo a partir del cual sea necesario solicitar esta autorización y señalaron que el objetivo es fiscalizar la contratación de "estudios, proyectos, trabajos de consultoría e inversiones", principalmente.
Con esta nueva restricción, el Ejecutivo conservador luso pretende extremar la vigilancia sobre el gasto, ante las dificultades que afronta Portugal para lograr reducir el déficit público este año hasta los valores comprometidos con la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) a cambio de su ayuda financiera.
Pese a que los representantes de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional aceptaron esta misma semana suavizar esta meta en medio punto y dejarla en el 5 % del PIB, el ministro luso de Finanzas, Vítor Gaspar, alertó, según varios medios locales, de que sin nuevas medidas de austeridad esta cifra superaría el 6%.
Los ajustes y reformas aprobados por el Gobierno portugués han conseguido disminuir el gasto realizado por el Estado, pero a la vez han provocado una caída del consumo que afecta significativamente a los ingresos que reciben las arcas públicas vía impuestos, situándose muy por debajo de las previsiones.
Para cumplir con sus compromisos, Portugal necesita reducir a lo largo de 2012 su déficit en más de dos puntos y medio del PIB respecto al año anterior.
El Ministerio de Finanzas luso precisó en un comunicado que la prohibición de realizar gastos sin autorización previa por parte de los servicios de la Administración Central se limita a las "nuevas compras" y se respetarán los desembolsos presupuestados con anterioridad.
De la misma forma, tampoco afectará a aquellos gastos o inversiones financiadas con fondos europeos.
