El fraude a las arcas públicas no sólo se circunscribe al campo de las obligaciones tributarias. Las actividades para eludir el pago a la Seguridad Social están cobrando cada vez mayor importancia. Así, agentes de la Dirección General de la Policía adscritos a la Sección de Investigación de la Seguridad Social desarrollaron durante el año pasado más de 650 investigaciones en las que lograron destapar un fraude superior a los 42 millones de euros, de los que más de la mitad fueron recuperados, según informó ayer el Ministerio de Trabajo. A raíz de estas operaciones, se instruyeron más de 400 atestados e informes que se remitieron a la Autoridad Judicial. Un total de 322 personas, entre ellas 135 ciudadanos extranjeros, fueron detenidas, de las que 124 fueron puestas a disposición judicial.

En total, se investigaron 320 empresas y más de 1.745 personas como consecuencia de los requerimientos efectuados por las entidades de la Seguridad Social, que habían detectado irregularidades en sus habituales controles.

La mayor parte de las actuaciones llevadas a cabo por este cuerpo policial, se trataban de delitos contra la Seguridad Social, insolvencia punible y falsificación en documentos de cotización, si bien también tuvo especial incidencia la falsificación de resoluciones de concesión de permisos de trabajo y usurpación del Estado civil por parte de ciudadanos extranjeros.

Embargos de inmuebles

Entre las actuaciones más relevantes efectuadas en el año 2005 destaca la de un gestor administrativo de Málaga que se embolsó más de ocho millones de euros por falsas operaciones de venta de inmuebles que supuestamente procedían de embargos a deudores de la Seguridad Social. Así estafó a múltiples compradores que nunca obtuvieron los inmuebles.

Las denuncias no sólo proceden de la policía judicial, también de la Inspección de Trabajo y de los propios asalariados. Ayer por ejemplo, se conoció que los trabajadores de las empresas Daclamu y Muebles Ollero, ambas de Marmolejo (Jaén), han denunciado a los directivos de las citadas factorías por un supuesto fraude a la Seguridad Social, según informó el sindicato CC OO.