El Gobierno aprobó el viernes el plan para aflorar empleo sumergido, pese a no contar con el consenso de los agentes sociales. La idea de fondo es, según el titular de Trabajo, Valeriano Gómez, relativamente sencilla: "Se anticipa que durante tres meses se mantendrán las actuales sanciones a las empresas en caso de que tengan empleados en situación irregular, y que pasado ese tiempo se endurecerán las penalizaciones de manera muy significativa".
Gómez insistió en que el periodo de gracia, que va desde la entrada en vigor del decreto-ley hasta el próximo 31 de julio, "no es una amnistía". El margen de tiempo se ha dado "para no sorprender a las empresas: simplemente tienen que saber que dentro de tres meses habrá aumentos de hasta el 300% en las sanciones", agregó.
El Gobierno, pues, ha rectificado su propuesta inicial de eximir del pago de multas a las empresas que pongan en regla a su plantilla durante el periodo de gracia. Y, según el ministro, sigue sin haber un objetivo en cuanto al volumen de trabajadores a regularizar.
La patronal, por su parte, emitió el viernes un comunicado en el que rechazó que las sanciones se endurezcan de manera indefinida y criticó que el plan "debería ir ligado a aspectos fiscales y no solo a cambios laborales". El Consejo de Ministros aprobó, de manera paralela a dicho plan, una ley de reforma de la Inspección de Trabajo que reordena sus competencias. No prevé, sin embargo, el incremento de recursos, la gran reclamación de los sindicatos.
