El Grupo parlamentario Popular en el Senado introdujo el jueves una enmienda a la reforma laboral que modifica ligeramente la regulación de los despidos colectivos en las Administraciones públicas.
En concreto, el cambio precisa que el personal laboral fijo de las Administraciones públicas tendrá prioridad de permanencia en caso de despido solo si hubiera adquirido su condición mediante un proceso selectivo de ingreso convocado a tal efecto.
Para el presidente del sindicato CSI-F, mayoritario entre los funcionarios, Miguel Borra, este cambio es "claramente insuficiente", ya que lo único que establece es "una gradación en el despido, para que sean los últimos en salir".
Este sindicato ha intentado convencer a los responsables gubernamentales para que impidieran el despido de aquellos fijos laborales de las Administraciones públicas que hubieran accedido a su puesto por un proceso de selección que, según sus cálculos, representan a un colectivo formado por unas 700.000 personas.
Sin embargo, de salir adelante la citada enmienda, estos trabajadores solo se situarán los últimos de la fila en los ajustes de plantilla, pero estos podrán afectarles como al personal laboral que no haya accedido por un proceso de selección.
Otra de las 12 enmiendas que registró el PP en el Senado amplía el colectivo de mayores a los que se les puede hacer un contrato de emprendedores bonificado.
Tal y como está redactada la reforma laboral, estos contratos -destinados a empresas de menos de 50 trabajadores y con un periodo de prueba de un año en el que el despido es gratuito- solo tenían bonificaciones a la Seguridad Social si se hacían a menores de 30 años o a mayores de 45 que llevaran en el paro al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación.
Según la enmienda popular, se elimina el requisito de que los mayores de 45 años deban ser parados de larga duración para poder obtener un contrato de emprendedores bonificado.
Respecto a los incentivos para la transformación de contratos en prácticas, otra de las enmiendas suprime que estos contratados sean objetivo prioritario en los planes de formación de una empresa; así como de cualquier otra medida de política activa de empleo para incrementar su cualificación.
Quién diseña la formación
Finalmente, otra de estas enmiendas del PP precisa quiénes participarán en el diseño y planificación del subsistema de formación profesional para el empleo: las organizaciones patronales y sindicales más representativas y los centros y entidades de formación debidamente acreditados, "a través de sus organizaciones representativas del sector", añade el texto.
La Comisión de Empleo de la Cámara alta discutirá previsiblemente estas enmiendas el próximo martes por la tarde. Posteriormente, el texto que de allí salga será trasladado al Pleno del Senado que lo reenviará para su aprobación definitiva al Congreso de los Diputados.
