A fecha de hoy la revalorización de casi nueve millones de pensiones todavía es una incógnita. La ley obliga al Gobierno de turno a actualizar las prestaciones del sistema en función del IPC general del mes de noviembre. Y distintos miembros del Gobierno han dicho insistentemente que "se cumplirá la ley". De ser así, ocho millones de pensionistas -cerca de un millón cobran más de una pensión- recibirán una paga extra por la revalorización de este año y verán esa cantidad consolidada en su nómina a partir de 2013 y hasta su fallecimiento.
¿Por qué, entonces, a pesar de todas las declaraciones oficiales sigue habiendo dudas sobre si se producirá o no esta revalorización?. Pues simplemente porque el fuerte repunte de la inflación de los últimos meses ha encarecido enormemente esta operación y ha hecho saltar todas las alarmas internas y externas sobre el cumplimiento del objetivo de déficit en 2012 si finalmente se producen los pagos para actualizar las pensiones.
Según las cifras que maneja el Ministerio de Empleo, cada décima que se desvíe el IPC de noviembre respecto al aplicado en enero (que fue un 1% en 2012) cuesta unos 100 millones a las arcas públicas; a lo que hay que sumar otros 100 millones para su consolidación en el año siguiente. Esto supone que si la inflación del próximo mes estuviera en el entorno del 3,5%, el desvío respecto a la subida del 1% sería de 2,5 puntos porcentuales, que supondrían para las arcas públicas la friolera de 5.000 millones de euros (2.500 imputables a 2012 y el resto en 2013).
De ahí que desde el Banco de España u otras instancias como el think tank Fedea hayan advertido públicamente esta semana que la revalorización de las pensiones obligaría al Gobierno a incumplir el objetivo de déficit para 2012 fijado en el 6,3% por Bruselas.
Ante esta circunstancia, junto a los mensajes tranquilizadores del Gobierno a los pensionistas garantizándoles que si se producirá esta actualización, se han producido otras declaraciones que introducen algún matiz.
Se trata de lo dicho en distintas ocasiones por el propio secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, quien ha dicho que en noviembre, cuando se conozca el IPC de referencia se evaluará si puede o no asumirse el pago extra o que dependiendo de dicho dato se estudiarán medidas para que "el sistema pueda asumir este impacto". En cualquier caso, y al margen de lo que ocurra finalmente este año, lo que sí parece ya confirmarse es el rumor de que 2012 será el último ejercicio en el que las pensiones se revalorizarán con la inflación general. Así lo sugirió ayer por primera vez de forma pública el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, quien no descartó cambiar este indicador por el del IPC a impuestos constantes, que mide los precios sin tener en cuenta los tributos.
El dato de la inflación sin impuestos en septiembre conocido ayer fue del 1,4%. Haciendo un ejercicio teórico, si la revalorización se hiciera con ese indicador, el coste sería sólo el de cuatro décimas de desvío respecto a la subida aplicada a las pensiones en enero, lo que costaría 800 millones de euros (400 millones en 2012 y otros 400 en 2013); lo que supondría una cifra mucho más asumible que la de los 5.000 que costaría de cumplirse la ley vigente. Es más Latorre dejó entrever la posibilidad de modificar la ley ya para este mismo año.
Traduciendo toda esta situación a las cuantías de las pensiones, se observa que tomando como pensión media de jubilación la registrada en septiembre (950 euros al mes), si el indicador de referencia fuera el actual (IPC general) cada pensionista vería revalorizada su prestación en unos 23,7 euros más al mes (unos 330 euros más al año). Mientras que si cambiase la ley y la actualización se hiciera con el IPC sin impuestos, la cuantía resultante sería de casi cuatro euros más al mes (53 más al año).
Concretamente una pensión mínima de un mayor de 65 años con cónyuge a cargo (763,60 euros al mes en 2012), pasaría de tener una revalorización de 19 euros mensuales con el sistema actual (266 euros más al año) a tres euros más al mes (42 euros anuales más) si se actualizara con el IPC sin impuestos.
