La patronal pretende pagar menos al contratar y pagar menos al despedir", resumía ayer en CNN+ el secretario de acción sindical de UGT, Toni Ferrer. Efectivamente, rebajar las cotizaciones sociales que pagan los empresarios por sus empleados y abaratar el coste del despido han sido las dos grandes luchas que la CEOE ha mantenido en la negociación de la reforma laboral. Aunque la negativa de los sindicatos es rotunda en cuanto a la cuantía de las indemnizaciones, las centrales han ofrecido ciertos márgenes en las cuotas.

En la anterior etapa del diálogo social tripartito, el Gobierno ofreció a los empresarios una rebaja de un punto en las cotizaciones por contingencias comunes (unos 3.000 millones de euros anuales) y de medio punto más por las cuotas por accidentes de trabajo. La negociación terminó fracasando en julio, en parte, por la petición final de la CEOE de que se rebajaran 5 puntos de cotizaciones.

En la actual negociación de la reforma laboral, el debate de las obligaciones empresariales con la Seguridad Social nació condicionado por la pretensión del Gobierno de alargar la edad de jubilación hasta los 67 años de edad para garantizar que los ingresos al Estado permitieran garantizar el futuro de las pensiones. La opción de rebajar las cuotas quedó finalmente descartada tras la congelación de las pensiones que el Ejecutivo aprobó en su plan de recorte del gasto.

Ha habido, sin embargo, ciertas alternativas. Para acabar con la dualidad existente entre trabajadores indefinidos y temporales, los sindicatos estuvieron dispuestos a aceptar una rebaja en las cotizaciones de los primeros a cambio de gravar más las de los segundos. Una vía que el Gobierno recogió en uno de sus documentos de propuestas para terminar descartándola en el siguiente. El motivo fue que la patronal rechazó la oferta. Sobre la mesa llegó a estar, según fuentes cercanas a la negociación, un abaratamiento de un punto en las cuotas de los fijos a cambio de elevar en dos puntos las de los eventuales.

El 85% del salario mínimo

Y como en la negociación anterior, la recta final de esta última ha dinamitado incluso algunos de los puntos ya consensuados. La CEOE, CC OO y UGT coincidieron en la necesidad de crear un plan de empleo específico para jóvenes poco preparados. Se pensó en mejorar las condiciones del actual contrato de formación (añadiendo cotizaciones a la Seguridad Social y cobertura por desempleo) y en ampliar el límite de su uso para emplear a personas de más de 21 años (el tope actualmente establecido). Pese al preacuerdo, la indignación sindical fue mayúscula cuando la patronal propuso que el contrato, con un sueldo del 85% del salario mínimo interprofesional (se queda en 538 euros al mes), se ampliara hasta los 29 años. "Crearían una bolsa de empleo precario que irían renovando con nuevos jóvenes cada vez", señalan desde las centrales. Ante la división, la postura del Gobierno fue sugerir que se limite en 26 años de edad.