El Gobierno anunciado por Mariano Rajoy hace menos de un mes cuenta con dos primeros espadas para capear el temporal económico: Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad, y Cristóbal Montoro, titular de Hacienda y Administraciones Públicas. La situación es grave, y Rajoy ha apostado con dos personas de reconocido prestigio en el ámbito académico y político. El mensaje para los mercados es claro: habrá rigor, y se hará lo que se tenga que hacer para enderezar el rumbo.
Pero ocurre que en la tormenta financiera que seguimos soportando, la forma de transmitir el mensaje cobra una especial relevancia, al ser observado con lupa por esa mano cada vez más visible de los mercados. En estas circunstancias, la política de comunicación resulta crucial, y el Gobierno del PP no puede estar satisfecho por sus resultados en estos primeros compases de su ejecutoria.
El montante del ajuste
El primer Consejo de Ministros con contenido económico se celebró el penúltimo día del año pasado. Desde entonces, en apenas tres semanas, el supuesto tándem De Guindos-Montoro se ha repartido otros tantos resbalones de bulto.
El primero se produjo en la misma semana del Consejo en el que se determinaría el primer ajuste de la era Rajoy. De Guindos dejó caer en un corrillo con periodistas que la cifra de 4.000 millones de euros que había publicado un medio "podría ser razonable". Pocas horas más tarde, el Ministerio de Economía que dirige el propio De Guindos rectificó destacando que este no había hablado de ninguna cifra concreta, y que sería Hacienda la que determinase el montante. Solo tres días después, el ajuste real duplicó de largo la cifra "razonable".
Control de cuentas autonómicas
El segundo error llegó en la segunda semana de enero, en los días previos al primer Consejo de Política Fiscal y Financiera presidido por Montoro. De nuevo lanzó la piedra De Guindos, al anunciar en una entrevista con Financial Times que los presupuestos autonómicos necesitarían la luz verde del Gobierno central. "Las dificultades de liquidez son realmente una oportunidad para imponer duras condiciones y medidas en términos de frenar el déficit de las comunidades autónomas", llegó a afirmar.
Ocurre que, pocos días después, Montoro garantizó a los consejeros económicos de las autonomías gobernadas por el PP "pleno respeto a la autonomía económica, política y financiera de las comunidades". Un mensaje completamente opuesto al trasladado por De Guindos a los mercados. De nuevo, el de Montoro se demostró más certero: el control solo se producirá a posteriori sobre las comunidades que incumplan los objetivos de déficit.
El mantra del déficit, en cuestión
La última, y quizá más grave, de la saga de patinazos de comunicación del equipo económico ha sucedido este viernes: Montoro, garante de la credibilidad de España ante los mercados, se ha despachado admitiendo al Financial Times Deutschland que quizá no se cumpla el objetivo de déficit de este año, "aunque sería deseable y bueno cumplirlo". Como sucediera la semana anterior con De Guindos, fue el propio departamento de Montoro el primer encargado de desmentir a su jefe, asegurando que se mantiene el compromiso del 4,4% del PIB. Poco después, ha sido la todopoderosa vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha desautorizado al titular de Hacienda.
En juego está, ni más ni menos, que la percepción de los mercados sobre la solvencia española. Y eso tiene un precio: el que paga el Reino de España por financiarse. En igualdad de condiciones, es evidente que las palabras de Montoro habrán aportado su granito de arena para elevar aún más la asfixiante prima de riesgo española. Si el Gobierno está pidiendo a los ciudadanos esfuerzos históricos en términos de ajuste y subidas de impuestos generalizadas, lo menos que podría ofrecer es una política de comunicación responsable que no ahonde una herida que se reabre una y otra vez.
