La patata caliente de los autónomos pasa al futuro Gobierno

Las decenas de miles de trabajadores autónomos que anualmente participan en cursos de formación financiados con dinero público no han podido acceder este año a los cursos. Esto es una realidad incuestionable, si bien los motivos de esta situación no son los mismos para todos.

Así, desde las cinco principales asociaciones que representan a los trabajadores por cuenta propia confirman que, a pesar de que en primavera presentaron a la Fundación Tripartita para la Formación los proyectos formativos para sus asociados, a fecha de hoy aún no han recibido el visto bueno para financiar estas iniciativas.

En años anteriores, la convocatoria pública para presentar los proyectos suele salir en el primer trimestre del año y antes del verano ya han recibido las autorizaciones para su financiación y pueden dar comienzo a los cursos. Sin embargo, este año estas autorizaciones están notablemente retrasadas.

La versión oficial del Ministerio de Trabajo (del que depende la Fundación Tripartita, donde están también empresarios y sindicatos) es que simplemente la convocatoria está "algo retrasada", pero lo achacan a cuestiones "técnicas". Los responsables de dicha Fundación, explican que los proyectos se analizan uno por uno y, después del dictamen, los rechazados tienen la oportunidad de presentar alegaciones y deben volver a evaluarse.

Es más, argumentan, al igual que en la Secretaría de Estado de Empleo, que prueba de que este retraso no obedece a ningún problema político en relación con los autónomos es que también están retrasados los proyectos de formación en el sector de la sanidad y de la economía social.

Sin embargo, desde ATA, Uatae y CEAT aseguran que los fondos para la formación de este colectivo (que ascienden a unos nueve millones de euros este año) están bloqueados por motivos políticos. Se refieren a la polémica generada tras la resolución del Consejo del Trabajo Autónomo que analizó y determinó el grado de representatividad de todas las organizaciones. Según su dictamen, las cinco organizaciones más representativas son: UPTA-UGT (con 30 puntos); ATA (28); Fopae, ligada a UPTA (20); Uatae (16); y CEAT-CEOE (16).

Desde el primer momento, ATA y Uatae mostraron su frontal disconformidad con la puntuación otorgada a UPTA-UGT, al considerar que el Consejo había introducido criterios de valoración no incluidos en el Decreto que regulaba este punto para favorecer a la organización ugetista. Por ello, presentaron sendas demandas ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

En este escenario, el Ministerio de Trabajo solicitó un informe a la Abogacía del Estado" para despejar cualquier duda en cuanto a la forma de actuación (del Consejo)".

Pues también en este punto hay gran disparidad de opiniones. Mientras desde el Ministerio se destaca que este informe indica que la otorgación de unos puntos u otros no tiene efectos prácticos y que no entra a valorar el fondo del asunto; desde ATA y Uatae resaltan que la conclusión final es que "la motivación de la resolución" que reparte la representatividad "podría considerarse insuficiente". Así, los responsables de ATA advierten que la Abogacía del Estado sí entra en el fondo de la cuestión cuando reconoce que los miembros del Consejo utilizaron el criterio de "implantación territorial" para determinar el peso de las asociaciones, a pesar de que "no parece que este criterio aparezca referido ni en el Real Decreto ni en la Orden", dice el informe. Además, "una valoración con arreglo, estrictamente al número de sedes permanentes (como dice el Decreto), sin tener en cuenta la implantación territorial, podría alterar la puntuación original".

Pero toda esta indignación de las asociaciones demandantes no tendría mucha justificación, si como sugiere la Abogacía del Estado el reparto de la representatividad no tuviera efectos prácticos. Esto es compartido por el secretario general de UPTA, Sebastián Reyna, quien insiste en que el reparto de las subvenciones para la formación de los autónomos no depende de la representatividad de las asociaciones. Fuentes autorizadas de la Secretaría de Estado de Empleo explican que esto es así solo en parte. Así, a la hora de evaluar y aprobar la financiación de un proyecto formativo, los técnicos de la Fundación Tripartita tienen en cuenta como criterio "fundamental" el contenido de dicho proyecto "y a eso se le suma después el peso de la organización". Reyna insiste en este punto en que "los contenidos del proyecto formativo serán las variables sustanciales para su aprobación, por ejemplo que las acciones propuestas sean parte de un certificado de cualificación profesional o el porcentaje de parados con respecto a los activos. La representatividad puede ser otra variable, pero no la fundamental".

En todo caso, el tener en cuenta o no el peso de las asociaciones es una decisión de la Administración. Y, de momento, se desconoce si se está teniendo en cuenta o no este criterio porque la aprobación de los proyectos está totalmente parada, coinciden desde ATA, Uatae y CEAT. El director general de esta última asociación, perteneciente a CEOE, Agustín González Villalba, cree que la parálisis en la adjudicación de los cursos "está a expensas de la formación del Consejo Estatal del Autónomo". Este debería ser, según la ley, el órgano de representación de todo el colectivo pero, según González Villalba el Gobierno aún no lo ha convocado por dos motivos: las demandas judiciales presentadas por ATA y Uatae y la cercanía electoral.

Pero el Ministerio de Trabajo, que no ha escatimado esfuerzos en avalar públicamente el trabajo hecho por el Consejo de la Representatividad y su independencia, no ha dado explicaciones de por qué no convoca el Consejo.

En cualquier caso, y resumiendo la situación todo apunta a que el reparto de subvenciones de formación sí está bloqueada a instancias, al menos oficiosas, de Trabajo debido a toda esta polémica generada en torno a la decisión del Consejo de la Representatividad, algo que niegan insistentemente los responsables de este Ministerio.

Así, ATA, Uatae y CEAT-CEOE creen que bastaría una indicación de Trabajo para desbloquear estos fondos. Pero dada la actual dilación y a pesar de las intenciones de Valeriano Gómez de acordar una solución, las asociaciones demandantes temen que los responsables de Trabajo hayan decidido ya dejarle esta patata caliente al Gobierno que resulte de las próximas elecciones del 20-N. Entretanto, decenas de miles de autónomos corren el riesgo de no reciclarse profesionalmente este año.