El parón inmobiliario frena la corrupción en España

El fin de la vorágine de cemento y ladrillo ha dado al traste con la corrupción en España, al menos en lo que se refiere a la especulación urbanística. Es una de las conclusiones de Transparencia Internacional que presentó ayer el boletín de notas mundial sobre el nivel de pulcritud de políticos y funcionarios: el índice de percepción de corrupción 2010. Y la calificación española roza la mediocridad con un "reprochable" puesto 32, según Jesús Lizcano, presidente de TI en España.

Pero el estallido de la burbuja inmobiliaria ha taponado la hemorragia del pelotazo urbanístico: España ocupa el mismo puesto en el ranking que el año anterior y rompe con el continuo deterioro de su evaluación iniciado en 2004. "Casi todos los casos importantes de corrupción se han dado a nivel local relacionados con el urbanismo. Así que al bajar la construcción se ha reducido la corrupción", señaló Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política la Universidad Juan Carlos I. "Si no venden suelo o zonas urbanizables, ¿qué pueden vender los ayuntamientos?", se preguntaba Jesús Sánchez, director general de la Fundación Ortega y Gasset. "No existen otras vías de ingreso más que lo que les cede el Estado y la venta de suelo". El dinero procedente de este tipo de especulación era fácil de obtener por lo que "se daban todas las condiciones para la corrupción".

En este sentido, el experto apuntó también a la financiación de los partidos políticos. Un tercio de la misma "es de carácter local", afirmó. Hasta ahora los ayuntamientos han tenido dos formas de ingresos: "el urbanismo y el endeudamiento", recalcó Jesús Lizcano. Una vez agotadas las dos vías, los expertos señalan que los consistorios ahora se encuentran con un problema estructural a la hora de obtener financiación. "Las finanzas de muchos ayuntamientos son insostenibles".