A los responsables gubernamentales les gusta resaltar que siete de cada diez parados recibe algún tipo de ayuda económica. Pero esta tasa de cobertura -que es como se conoce el porcentaje de desempleados que cobra prestación o subsidio- se hace con el número de parados registrados, que no es la cifra oficial de desempleados. Si este indicador se calcula con el número total de parados que Bruselas computa a España oficialmente (5.273.600 al término de 2011, según la Encuesta de Población Activa) y el número de personas que recibe algún tipo de ayuda, según el Ministerio de Empleo, la tasa de cobertura baja notablemente hasta el 57%.
Esto supone que, según los últimos datos disponibles de beneficiarios por ayudas por desempleo correspondientes a febrero, habría actualmente unos 2,2 millones de parados que no reciben ni prestaciones contributivas ni subsidios (el 43% del total de desempleados).
Si bien esta cifra no incluye a otros colectivos como los de 295.000 parados que recibieron en algún momento de 2011 la ayuda de 400 euros por seis meses del plan Prepara de recualificación profesional, o las ayudas asistenciales de inserción que pagan algunas comunidades a las personas sin recursos.
Pero ¿cuál es la radiografía de estos tres millones de parados que sí cobran ayudas?, ¿cuánto reciben y por cuánto tiempo? A diferencia del primer año de la crisis, cuando eran más los beneficiarios de la prestación contributiva -a la que se tiene derecho tras haber cotizado al menos un año- que los subsidios, ahora el colectivo que recibe ayudas asistenciales es el más nutrido.
Así, a mediados de 2009, con la primera gran oleada de parados, había 1,6 millones de perceptores de prestaciones contributivas y no llegaban a un millón los beneficiarios de subsidios. En la actualidad, hay 1,4 millones de personas que reciben una prestación contributiva por desempleo (cuya cuantía media es de 865 euros mensuales durante un mínimo de cuatro meses y un máximo de dos años) y otros 1,6 millones que cobran distintos tipos de subsidios, cuya cuantía media es de 426 euros al mes durante un tiempo de entre seis y 18 meses, por lo general.
Según distintas fuentes consultadas, la previsión para este año es que se agoten cientos de miles de ayudas contributivas y asistenciales. Como mínimo, las cerca de 200.000 prestaciones que entraron en el sistema en algún momento de 2010 y que duran como máximo 24 meses. Es más, para que se cumplan las previsiones oficiales de aumento del paro en 630.000 personas y un descenso del gasto en desempleo del 5,5% en 2012, tendrían que dejar de cobrar estas ayudas unas 650.000 personas, según estas mismas fuentes. Con ello, la cifra total de parados que no cobran nada se elevaría por encima de los 2,5 millones de personas.
35.000 millones
El Servicio Público de Empleo Estatal cuenta con un presupuesto de 34.718 millones de euros en los Presupuestos de este año, un 8,5% menos que en 2011. Se trata del organismo autónomo con una mayor dotación, ya que absorbe el 68,1% del total de fondos.
Gastos diferidos por los socialistas
El avance de ejecución del presupuesto del Servicio Público de Empleo de 2011 indica que el pasado año se gastaron un total de 31.854 millones en pagar prestaciones por desempleo, lo que supone 1.717 millones de euros más que lo presupuestado inicialmente.
Pero en términos estrictos, fuentes conocedoras del sistema explicaron a CincoDías que este desvío del gasto no obedece realmente a que el desempleo y los beneficiarios de prestaciones se dispararan muy por encima de lo previsto, sino a que el anterior Gobierno socialista imputó a las cuentas del servicio público de empleo de 2011 gastos por valor de 2.263 millones de euros procedentes de 2009 y, sobre todo, de 2010. Se trata de una operación que, según expertos de la Hacienda pública "no se debería hacer". De este modo, los responsables del Ministerio de Empleo asignaron el pasado año un suplemento de crédito por valor de 2.081 millones de euros para costear los gastos diferidos de los dos años anteriores.
Pero las prestaciones por desempleo -en las que se utilizan ocho de cada diez euros del servicio público de empleo- no fue la única partida que experimentó desvíos presupuestarios. También se gastó más de lo presupuestado inicialmente en otros capítulos de este organismo, como los programas de formación profesional o, en menor medida, los de fomento del empleo.
Para formar ocupados y parados se necesitaron créditos suplementarios por 1.454 millones de euros (285 millones más de lo previsto) y para incentivar la contratación se requirieron 47 millones adicionales.
