El papel del abogado gana peso en un conflicto exterior
El despacho Jones Day sostiene que los primeros pasos son cruciales en una reclamación en causas de fuerza mayor
Los episodios de inestabilidad política y social se vienen sucediendo en los últimos meses en distintos países de Oriente Próximo y norte de África, como son los casos actuales de Siria y Libia. Estos sucesos afectan a menudo a intereses de compañías extranjeras.
"La intervención de los abogados en estos momentos iniciales puede llegar a ser muy importante", explica Mercedes Fernández, socia directora de Jones Day, una firma legal que ha elaborado un informe sobre los aspectos legales que las empresas deben tener en cuenta ante conflictos de este tipo. La participación del asesor jurídico en un primer momento se centra "en asegurar la prueba de la propia situación que genera un supuesto de fuerza mayor y de los daños derivados de la misma".
"Es importante poner puntualmente en marcha los mecanismos contractual o legalmente previstos en casos de situaciones de fuerza mayor que afecten a las prestaciones asumidas por el cliente o a sus derechos". A menudo, añade, en los contratos se establecen plazos "dentro de los cuales deben realizarse las comunicaciones correspondientes a una de estas situaciones y el respeto de estos plazos puede ser condicionante del éxito de una futura reclamación".
Con frecuencia se incluyen cláusulas de fuerza mayor (terremotos, guerras, huelgas, etc.) en contratos de venta de gas licuado por parte de un Estado a una empresa extranjera para que en estos casos las partes puedan verse eximidas de sus obligaciones.
En cualquier caso, cree que lo óptimo es cubrir los riesgos con antelación. "Antes de acometer una inversión en un país extranjero, tan fundamental como analizar el régimen jurídico que resulta aplicable a la misma es verificar el grado de estabilidad del citado régimen y la existencia de instrumentos fiables para la resolución de conflictos". Comenta que "de poco sirve una legislación favorable al inversor si no hay garantías suficientes de estabilidad y de acceso a tribunales judiciales o arbitrales que garanticen su aplicación en caso de incumplimiento".