En el futuro, las prejubilaciones motivadas por la necesidad empresarial de reajustar plantillas no supondrán una carga para la Seguridad Social, pues su coste recaerá sobre las empresas afectadas. Este es, al menos, el espíritu que alberga la propuesta acordada ayer dentro de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, en la que están representadas las principales fuerzas políticas, informa Europa Press.

La idea que baraja la comisión es proponer al Gobierno que legisle para restringir al máximo las prejubilaciones originadas por fines empresariales y que, en caso de que se produzcan, sean costeadas por las compañías, sin recurrir a las arcas de la Seguridad Social.

Este objetivo se considera en sintonía con la recién aprobada Ley de Jubilación Flexible, que pretende fomentar la ampliación voluntaria de la vida laboral de los mayores.

Los componentes de la comisión están también de acuerdo en pedir al Gobierno que revise al alza las pensiones de viudedad, sobre todo en aquellos casos en los que supongan la única fuente de recurso para sus beneficiarios.

Para este aumento de las pensiones la comisión del Pacto de Toledo recomienda también que se tengan en cuenta otros factores, como la renta o la situación laboral del receptor de la pensión de viudedad. En la actualidad, esta prestación es la misma, independientemente de la situación económica de su beneficiario.