Optimismo sin fin en la previsión de ingresos de las comunidades

Cumplir los objetivos de déficit es muy fácil en los Presupuestos. El problema es que las previsiones de ingresos y gastos que se incluyen pocas veces se cumplen. En 2011, las comunidades autónomas estimaron que por el capítulo 6, que corresponde a la "enajenación de inversiones reales" recaudarían 1.900 millones. Lograron 177 millones. Bajo ese epígrafe, los Ejecutivos autonómicos incluyen, básicamente, los ingresos previstos por la venta de inmuebles.

A pesar del sonoro fracaso como futurólogos, los consejeros de Economía no han perdido el optimismo y, para este año, prevén recaudar 1.500 millones por el mismo concepto. De momento, llevan 37 millones y nada indica que se cumplan sus estimaciones. Resulta cuanto menos extraño que tras ingresar en 2011 solo 177 millones por la enajenación de inversiones, las comunidades crean que doce meses después podrán conseguir 1.500 millones.

En 2008 y 2009, la inesperada virulencia de la crisis sirvió para explicar los abultados errores en la previsión de ingresos públicos, una justificación que ya no sirve y menos en el caso de beneficios relacionados con la actividad inmobiliaria, el sector más deprimido de la economía. Los datos del Ministerio de Hacienda muestran que, al menos desde 2002, las comunidades siempre han sobrestimado la recaudación por la enajenación de inversiones reales. No han acertado ni una sola vez en la última década y siempre han pecado de exceso de optimismo.

Este hecho resultaba anecdótico en los años de bonanza económica, cuando la recaudación por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales o actos jurídicos documentados compensaba con creces los errores en otros capítulos de ingresos. Sin embargo, ahora, el elevado déficit y la caída de ingresos fiscales obliga a afinar mucho más en las previsiones.

Si hoy España es el tercer país de la UE con un mayor déficit fiscal (8,9% del PIB) se debe, en gran parte, a los errores presupuestarios. La capacidad de reacción para recortar el gasto en la Administración en el año corriente es muy limitado. Así, cuando los ingresos se desvían de la estimación inicial, el déficit se público se desboca y la Administración debe recurrir a los mercados financieros para cumplir sus obligaciones de pago.

Por ello, resulta tan vital acertar en el presupuesto de ingresos. Por otro lado, fuentes de Hacienda reconocen que desde las Administraciones territoriales no es extraño que los gestores públicos sobreestimen la recaudación para tener así mayor capacidad de gasto. Este es uno de los motivos que llevó al Gobierno central a modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que otorga poder al Ministerio de Hacienda para supervisar la elaboración de los Presupuestos de las comunidades.

La venta de patrimonio es un recursos cada vez más utilizado por las Administraciones para lograr ingresos adicionales. Sin embargo, el mercado, que conoce las urgencias financieras del sector público, reclama rebajas en el precio que tasan los respectivos Gobiernos autonómicos. En el caso de los ayuntamientos, donde las ventas de parcelas y solares supusieron durante el boom inmobiliario una importante fuente de recaudación. En 2006, los municipios lograron 3.365 millones por la enajenación de inversiones reales, la cifra más alta jamás registrada. Sin embargo, habían presupuestado ingresar más de 5.000 millones. De hecho, en el caso de la Administración local también se observa una tendencia clara a sobrestimar los ingresos públicos.

En cualquier caso, el control que ejerce el Ejecutivo sobre los ayuntamientos es muy estrecho. Los ayuntamientos lograron rebajar sus números rojos del 0,6% del PIB registrado en 2010 al 0,4% en 2011. En cambio, las comunidades, pese a sus encendidas proclamas a favor de la austeridad, cerraron el año anterior con un déficit del 3,3%, superior al 2,9% de 2010.

Es cierto que los datos que publicó el Ministerio de Hacienda el mes pasado reflejan que las comunidades se mantenían en equilibrio en el primer trimestre de este año. Sin embargo, tres meses es un periodo insuficiente para sacar grandes conclusiones y no permite realizar proyecciones fiables acerca de lo que sucederá al cierre del ejercicio. El reto que tienen ante sí es enorme. El déficit autonómico alcanzó el 3,3% del PIB el año pasado y debe reducirse hasta el 1,5%. Se trata de un ajuste sin precedentes . A falta de conocer cifras más actualizadas, la única certeza es que, si se cumple la norma de la última década, los 1.500 millones presupuestados por la venta de inmuebles no se alcanzarán.