"La morosidad es un cáncer que ha hecho metástasis en el tejido empresarial". Así describió Antoni Cañete, portavoz de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM), el problema de los impagos. La administración pública, principal contratador, es la más deudora, señala la entidad. Este impago alcanza los 35.000 millones de euros, según Cepyme.

La plataforma, que agrupa 1,5 millones de empresas, convocó ayer a los grupos parlamentarios de la oposición (PP, CiU, PNV, PP y ERC-IU-ICV) para que apoyen la reforma de la ley antimorosidad. Y lo consiguió. Hay consenso de todos los partidos políticos anteriormente mencionados.

La reforma se votará en Comisión el 23 de marzo. La meta es que entre en vigor en septiembre y que ésta incluya un plazo máximo de pago de 60 días. No de forma progresiva hasta 2013, como se plantea en el proyecto de Ley de Economía Sostenible, propuesto por el Gobierno. En concreto se quiere eliminar la libertad de acuerdo entre las partes para fijar el tiempo de pago. Además de que se establezca un tipo mínimo de interés de demora, se aplace el pago del IVA a las pymes hasta el cobro de las facturas y se cree un observatorio de la morosidad.

Josep Sánchez Llibre, portavoz de CiU (y promotor de la iniciativa) confía en la aprobación rápida de la norma, pero advierte de que "el partido será difícil". Los partidos "no cederán a la imposición del interés de demora".