El proyecto plantea una lenta hoja de ruta para reducir un déficit que este año será el mayor tras la II Guerra Mundial. La lentitud se debe a que la Administración quiere mantener algunos de los estímulos fiscales. De hecho, amplía en 100.000 millones los gastos para financiar más proyectos de infraestructura, aumentar las ayudas a los estados para pagar la sanidad de los pobres y mantener unos recortes fiscales a las rentas medias y créditos fiscales de 5.000 dólares a las pymes que contraten nuevos empleados.

Lo que no mantiene, y deja expirar como estaba previsto son los recortes fiscales que hizo George Bush para aquellos hogares que ingresen más de 250.000 dólares al año. Es algo que permitirá elevar la recaudación en cerca de un billón de dólares desde 2011 a 2020. Además de incrementar los tipos impositivos para estos hogares, los impuestos sobre plusvalías de capital y dividendos pasarán del 15% (donde las dejó Bush) al 20%. Los gestores de fondos (hedge funds y capital riesgo) verán como sus ingresos se fiscalizarán como salarios y no como plusvalías de capital, algo que sumará 24.000 millones de ingresos en 10 años. Las multinacionales también soportarán una mayor carga fiscal por los beneficios en el extranjero.

Obama quiere, además, aumentar la recaudación con un impuesto anunciado hace unos días a la banca para recuperar 90.000 millones de pérdidas del TARP (el rescate bancario) y eliminar 39.000 millones de dólares en créditos fiscales disponibles para empresas de energía fósil. En cuanto a los recortes de gastos, estos son marginales porque aunque se ha propuesto una congelación en los no discrecionales (los que no son sanidad ni pensiones), eliminada defensa, estos no suponen más de 17% del presupuesto. Además, algunas partidas como educación e investigación conseguirán un aumento del gasto del 6%. Defensa verá su presupuesto aumentado un 3,4% y la SEC (el regulador de los mercados) verá una subida de su financiación del 11%.