La principal debilidad de la economía española es su capacidad para destruir empleo, que supone un drama para muchas familias y, para las arcas públicas, se traduce en una sangría que contribuirá a que el déficit público alcance este año el nivel más alto en la historia reciente. La destrucción de un puesto de trabajo origina un coste ligado a la prestación por desempleo y, por otro lado, implica que el Estado deja de ingresar por contribuciones sociales e IRPF.

Según el INE, el salario medio de un español asciende a 21.208 euros brutos. Mientras un trabajador con este salario y dos hijos está en activo, aporta 9.928,54 euros anuales al Estado. De esa cantidad, la empresa asume el 66% del coste y, el resto, corresponde al trabajador.

Si este empleado pierde su trabajo, el Estado debe pagar la prestación por desempleo, cuya cuantía asciende a 12.732 euros anuales. Y, además, la Administración central -a través del Servicio Público de Empleo Estatal- asume la totalidad de las aportaciones que realizaba la empresa a la Seguridad Social y parte de las del trabajador. Esta partida -que bajo el supuesto propuesto suma 5.354 euros- origina déficit en la Administración central y evita que los números rojos se instalen en la Seguridad Social.

Así, cuando un empleado con un salario medio, dos hijos y más de tres años trabajando se va al paro, el Estado deja de ingresar 9.028 euros anuales y, además, debe gastar durante el primer año 18.086 euros. Dicho de otra forma, el coste total asciende a 28.014 euros. En caso de que no tuviera hijos, la cifra disminuiría hasta los 27.270 euros.

Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) indican que, en los últimos doce meses, las filas del paro se han engrosado con 1,4 millones de parados. Tomando como referencia un trabajador con un salario medio, el Estado pierde -entre lo que deja de ingresar y lo que debe aportar- 39.200 millones de euros al año. Esta cifra equivale casi al déficit del conjunto de las Administraciones Públicas en 2008. Supone el 3,4% del PIB y es más de la mitad de lo que vale el Banco Santander en Bolsa.

Se trata de un ejercicio teórico y es cierto que no todos los parados tienen derecho a un año de prestaciones. Por otro lado, al principio de la crisis, los empleos destruidos se centraban en el sector de la construcción y afectaban a trabajadores temporales y con salarios por debajo de la media. Sin embargo, la duración de la crisis provoca que el paro se filtre ya por toda la economía y afecte a empleados fijos y con sueldos relativamente altos.

Más allá de los ejercicios teóricos, las cifras oficiales indican que el número de beneficiarios de prestaciones ha aumentado en un millón en el último año y, sólo en mayo, el gasto en prestaciones ascendió a 2.589 millones de euros. De seguir esta tendencia, el coste al finalizar el año alcanzará los 30.000 millones. Ello, unido a la caída de la recaudación provocará que el déficit público se acerque o supere el 10% del PIB este año. Una situación que Hacienda reconoce insostenible.