El Ejecutivo ultima el cierre de todos los flecos pendientes del nuevo gravamen del 20% que se aplicará sobre los premios superiores a 2.500 euros que reparte Loterías y Apuestas del Estado, entidades dependientes de las comunidades autónomas, la Cruz Roja o la ONCE, y que hasta ahora estaban exentos de tributar en el IRPF. Para evitar complicaciones y asegurar el cobro, el nuevo impuesto se articulará como una retención a cuenta. Es decir, cuando se entregue el premio al beneficiario ya de descontará el impuesto.
Sin embargo, existía la duda de qué sucede si el beneficiario del premio es una entidad jurídica que tributa en el impuesto sobre sociedades. En este sentido, una enmienda del Grupo Popular a la Ley de Medidas Tributarias que acompaña los Presupuestos Generales del Estado señala que la retención del 20% también se aplicará en el caso de que el ganador del premio sea, por ejemplo, una empresa. En cualquier caso, las entidades privadas no están incluidas en la exención de los premios y, por lo tanto, el beneficio obtenido sí que debe computarse como un ingreso extraordinario en el impuesto sobre sociedades, cuyo tipo general asciende al 30%. Así, descontando la retención del 20%, las empresas deberán tributar por un 10% adicional en caso de ser las premiadas.
Precisamente por eso, casi siempre son las personas físicas quienes figuran como beneficiarias de premios de Loterías, a pesar de que los décimos hayan sido adquiridos por una empresa y repartidos entre los trabajadores y clientes. Lo mismo sucede con aquellas entidades que elaboran participaciones de un mismo número. Aunque el beneficio logrado por el recargo aplicado en cada papeleta tributa como un ingreso.
El nuevo gravamen sobre los premios de azar aportará en 2013 a la Administración pública 824 millones de euros, según los cálculos realizados por Hacienda. De esta cifra, la mitad se ingresará en las arcas autonómicas. En cualquier caso, para el sorteo del Gordo de Navidad del próximo 22 de diciembre todavía no estará en vigor el nuevo gravamen. Ello será así aunque los afortunados cobren el premio en 2013. En cambio, en el tradicional sorteo de El Niño que se celebra el 6 de enero ya se aplicará el nuevo tributo del 20%, lo que reducirá el importe real de los premios repartidos.
Por otra parte, el proyecto de Ley de Medidas Tributarias indica que la exención de los 2.500 euros se aplicaría en apuestas de como mínimo un euro. Sin embargo, otra enmienda del Grupo Popular, que cuenta con el aval de Hacienda, rebaja el umbral a 0,5 euros. En caso de que la apuesta sea inferior a esa cifra, "la cuantía máxima exenta de 2.500 euros se reducirá de forma proporcional". El PP justifica este cambio para adecuar la norma a "la cuantía de las apuestas existentes en la actualidad".
Las medidas fiscales previstas para el próximo año
Más allá del nuevo impuesto sobre los premios de Loterías y Apuestas del Estado, el proyecto de Ley de Medidas Tributarias incorpora numerosos e importantes cambios tributarias para 2013.
Deducción por vivienda: se elimina el mayor beneficio fiscal que contempla el IRPF. Los contribuyentes que adquieran una vivienda a partir del primero de enero de 2013 no podrán aplicar la deducción por vivienda, que se mantiene para los que actualmente ya aplican este beneficio fiscal que permite deducirse un 15% del gasto destinado a pagar la hipoteca con un máximo de 9.040 euros.
Plusvalías hasta un año: a partir de 2013, las plusvalías obtenidas en menos de un año no tributarán como rendimiento del ahorro en el IRPF sino que se equiparán a las rentas del trabajo. La medida afecta a la venta de acciones o de la vivienda. En cualquier caso, la modificación se ha aprobado para frenar la especulación bursátil e incentivar las inversiones a largo plazo.
Impuesto de patrimonio: este impuesto se suprimió por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008 y el mismo Ejecutivo lo recuperó de forma temporal para los ejercicios 2011 y 2012. El Gobierno de Mariano Rajoy acordó prorrogar un año más su vigencia. El tributo grava la riqueza neta de los contribuyentes a partir de los 700.000 euros. Hacienda prevé que si todas las comunidades aplicaran el tributo se recaudarían 980 millones. La Comunidad de Madrid es la única autonómica que renunciará a ingresar este impuesto el próximo año.
Actualización de balances: el Gobierno también abrirá el próximo año un procedimiento para que las empresas actualicen sus balances, que supone adecuar los datos contables de las compañías en función de la inflación. La última vez que se adoptó una medida similar fue en 1996. La revalorización tributará al 5% y el Gobierno confía en ingresar 300 millones. La actualización de balances suele asociarse a una suerte de amnistía fiscal en la medida en que permite aflorar activos y pasivos ocultos.
