El Gobierno está obsesionado con que esta reforma sea la definitiva", aseveraban ayer desde una importante entidad financiera sobre el decreto que el Consejo de Ministros aprobará hoy para alejar del sector el fantasma del ladrillo. Una presión que se ha acrecentado esta semana por el caos provocado ante la nacionalización de Bankia, la cuarta entidad financiera del país, que ha agravado la alergia que suscita el sector español en los mercados y ha hecho cundir el nerviosismo entre clientes y accionistas. Para evitar que semejante debacle se repita, el Gobierno tiene previsto aprobar su segunda reforma financiera. En este sentido, Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad, mantuvo ayer una reunión con el equipo económico del PSOE, encabezado por su portavoz de Economía en el Congreso, Valeriano Gómez, en la que se abordó la situación de Bankia y la reforma del sistema financiero.
El punto de partida de la reforma es incrementar las provisiones sobre el crédito inmobiliario sano, no catalogado como dudoso ni subestándar, que desde febrero había que dotar al 7%. Aunque durante la semana se ha especulado con elevar esa cifra a una horquilla de entre el 23% y el 30%, fuentes financieras apuntaban ayer que el Ejecutivo las fijará hoy en el tramo más alto, "del 30%, si no superior". Otras voces apuntaban a una provisión del 23% para todos, seguida de una aportación adicional según el destino del crédito, penalizando más los préstamos a suelo y promociones que a vivienda.
Esta vuelta de tuerca supone un sobreesfuerzo de unos 27.800 millones, con datos a cierre de 2011 que podrían haber variado, para el conjunto del sector. Una cifra que se suma a los 53.000 millones de factura de la reforma anterior (que fijó un 7% para préstamos sanos, un 35% para vivienda terminada, un 65% para promociones y un 80% para suelo).
Solo la medida de hoy supondrá un sobrecoste de 3.000 millones para Santander, 1.900 para BBVA, 3.140 para CaixaBank, 4.500 para BFA-Bankia, 2.500 para Popular o 1.300 para Sabadell. Aunque el impacto para las cajas medianas sería menor, de entre 250 y 1.000 millones, el golpe podría ser letal para las cuentas de algunas de ellas. Aquellas entidades que no puedan hacer frente a sus nuevas obligaciones, o bien solas en un año o fusionadas en dos tendrán que constituir un esquema de protección de activos, por un plazo de 10 años, y segregar su carga en una firma de gestión de activos inmobiliarios. Para las entidades viables, esta vía será voluntaria. Los adjudicados que vayan a estos bancos malos deberán llegar a precio de mercado, lo que exigirá una nueva valoración. Este decalaje podría ser cubierto mediante bonos convertibles contingentes, los llamados cocos, emitidos por el FROB. Fuentes del sector indicaban ayer que el Gobierno está negociando con compañías reaseguradoras para que cubran las pérdidas de los bancos malos, lo que podría limitar el impacto en las arcas públicas.
El objetivo de fondo, en todo caso, es hacer una criba entre las entidades viables y aquellas gravemente amenazadas por la carga inmobiliaria. Estas últimas podrían soltar lastre, a través de la estructura de bancos malos y la estrategia de captación de capital privado que prepara el Gobierno rediseñando vehículos de inversión, para reorientar así su actividad hacia el negocio financiero.
A última hora de ayer, sin embargo, en el sector aún se especulaba con la posibilidad de que la reforma impusiera un único banco malo en lugar de varios. Una opción que facilitaría la nueva tasación del valor de los activos que tiene prevista el Ejecutivo. Entre los afectados, no faltaba quien aseguraba que el Gobierno estaba estudiando establecer como obligatorio el banco malo también para las entidades solventes, ante las presiones del mercado. Después de todo, señalaban desde un banco, "algunos analistas, como los de Morgan Stanley, ya han dicho que la reforma no servirá para nada cuando ni siquiera se conocen sus detalles" por lo que el Gobierno podría buscar que el golpe sobre la mesa sea más sonoro.
Bruselas quiere que expertos independientes valoren el ladrillo
Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad de España, se reunirá el lunes con sus homólogos europeos, a los que deberá explicar el contenido y las consecuencias de la reforma financiera aprobada hoy. Los socios de la eurozona esperan que Guindos les presente "un plan para ofrecer más transparencia sobre los balances de los bancos", que debería recurrir a "expertos independientes" para que la valoración del actual valor del ladrillo resulte creíble a nivel internacional", aseveran fuentes europarlamentarias citadas por Europa Press. En la banca española no se descartaba ayer que el Ejecutivo estuviese estudiando financiar la nueva reforma con fondos europeos ya que su compromiso de austeridad le impide elevar el déficit. Una alternativa que, de confirmarse, incrementaría el papel fiscalizador que desempeña Bruselas.
