La justicia española sufre un atasco importante en algunos de sus ámbitos de actuación. Prueba de ello es que un asunto civil puede tardar hasta ocho años desde la primera instancia hasta que el Tribunal Supremo emite una sentencia firme. Más allá, un litigio del ámbito tributario puede demorarse por encima de los diez años. Esta situación disuade a los inversores extranjeros, según el Consejo General del Notariado, al percibirse como inseguridad jurídica. "¿Qué empresario, máxime si es extranjero, desea invertir en un país cuya justicia puede tardar en solucionarle un asunto ocho años?", se lee en el editorial de la revista del cuerpo Escritura Pública.
Los notarios consideran que en España, independiente de tomar medidas para mejorar el sistema judicial en sí, se necesitan "medios eficaces de prevención del pleito", es decir, que debería haber muchos menos asuntos que lleguen a sustanciarse en los juzgados. El colectivo cree que la desconfianza de los ciudadanos hacia la figura del árbitro, al no gozar este de la proyección pública que tiene el juez, se eliminaría "si el arbitraje se asentara claramente y para materias concretas sobre el notario". Las encuestas apuntan que el fedatario es percibido por la ciudadanía con carácter general "como muestra de seguridad jurídica".
Ley de Jurisdicción Voluntaria
Otra de las propuestas para descongestionar la justicia sería la aprobación de una ley de jurisdicción voluntaria. En la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero el Gobierno socialista presentó un proyecto de ley, pero fue retirado en el Senado y no se volvió a activar esta iniciativa. El PP tiene entre sus prioridades regular la jurisdicción en la que ahora interviene el juez pero en la que no existe litigio entre partes. Los notarios han reiterado que están en condiciones de asumir asuntos como las declaraciones de herederos abintestato. Argumentan a su favor que no es necesaria la intervención del juez y que disponen de oficinas tecnificadas, conocimientos jurídicos y cercanía física a los afectados.
Las notarías han sufrido un descalabro en su facturación con la crisis, que ha reducido al mínimo la formalización de préstamos, principal vía de ingresos.
Los notarios creen que hay que "reforzar el valor del documento público notarial", apoyados en que penalistas demandan la reforma del artículo del Código Penal sobre el delito de falsedad en documento público por lo numerosos casos que se producen.
El colectivo notarial reflexiona sobre las causas que llevan a que España sea uno de los "más litigiosos" de su entorno. La explicación que da es que, a pesar de ser "poco vendible políticamente", España es "uno de los escasos países de la Unión Europea en el que litigar es casi gratis". El cuerpo notarial va a más allá incluso y anima al Gobierno a explorar "medidas conjuntas de imposición más generalizada de tasas judiciales y de aplicación sin exclusión o, con causas muy excepcionales, del criterio objetivo del vencimiento en la determinación de las costas".
Los notarios creen necesarias algunas reformas intrínsecas en el funcionamiento del sistema judicial, como la puesta en marcha a pleno rendimiento de la nueva oficina judicial y la reforma de los procesos para llevarlos hacia la vía oral más que a la escrita.
El colectivo apunta también a una de las reformas necesarias esgrimidas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su debate de investidura: la integración de los sistemas informáticos distintos que operan en el territorio español. La convivencia de plataformas propias de las comunidades con otras del Ministerio de Justicia genera a menudo retrasos en los procedimientos. Rajoy aseguró en su investidura que coexisten hasta ocho sistemas diferentes.
Un registrador para dirigir el cuerpo de fedatarios
El nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha elegido a Joaquín José Rodríguez Hernández, registrador de Zaragoza, para la Dirección General de Registros y Notariado, dos cuerpos no siempre bien avenidos. Hay voces que apuntan que ambos tienen competencias solapadas e incluso el anterior ministro de Justicia, Francisco Caamaño, insinuó en un desayuno informativo en campaña electoral que en el futuro se integrarían en un cuerpo único.
Nacido en Granada en 1957, Rodríguez Hernández es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y pertenece a los Cuerpos de Registradores de la Propiedad y Mercantil, y de Notarios. Pero ejerce como registrador en Zaragoza. Sustituye en el cargo a María Ángeles Alcalá, que es profesora de derecho mercantil. El nuevo director general, que toma posesión hoy junto a otros altos cargos de Justicia, tiene el mandato de extender la actividad de los fedatarios públicos a los asuntos que no requieran intervención judicial, pues así lo recoge expresamente el programa electoral con el que el PP concurrió a las elecciones generales. Rodríguez Hernández tendrá que lidiar con las peticiones de algunas comunidades autónomas, como Cataluña y Madrid, de revisar la actual distribución del mapa de notarías y registros para adaptarlo a la realidad económica actual. La creación de nuevas oficinas en un momento distinto del ciclo económico hace que ahora una parte de ellas estén en poblaciones con poca actividad notarial y registral.
Especialmente los notarios han puesto de manifiesto las dificultades económicas por las que atraviesan las oficinas. Bastantes de ellas están en pérdidas y algunas en concurso.
LAs cifras
2.960 es el número de notarios que hay en España en la actualidad. La crisis ha provocado un descenso de la actividad en las oficinas, a veces incluso de hasta el 70%.
8 años puede tardar en tramitarse un asunto civil desde la primera instancia hasta el Tribunal Supremo. Los notarios aseguran que esto genera inseguridad jurídica y se ofrecen para asumir nuevas competencias y descongestionar los tribunales ordinarios.
