El número de concursos -antigua suspensión de pagos- ya se ha incrementado sustancialmente en el primer trimestre del año, cuando se presentaron casi 360, un 58% más que en el primer trimestre de 2007, de acuerdo con los datos preliminares de PriceWaterhouseCoopers (PWC).

El director de la Unidad Concursal de PWC, Enrique Bujidos, considera “muy factible” que esa progresión se mantenga el resto del ejercicio, con lo que se superarían los 1.600 concursos de acreedores, cifra todavía lejos de las registradas en otros países europeos, que recurren con más asiduidad a este instrumento.

“Presentar un concurso se consideraba antes como un estigma, algo así como ser expulsado del Paraíso, pero la nueva Ley Concursal lo ha convertido en un instrumento muy útil para reflotar una empresa, siempre que la decisión no se tome demasiado tarde”, asegura Alejo López-Mellado, socio de Cuatrecasas.

Según el diagnóstico de los profesionales del sector, las empresas que más están recurriendo a las declaraciones de concurso de acreedores son inmobiliarias y constructoras de tamaño medio, con pasivos de entre 15 y 100 millones de euros y con claros problemas de liquidez. “Por ahora se trata de empresas que se salen del perfil clásico porque tienen más activo que pasivo y han estado bien gestionadas, pero que no pueden hacer frente a sus deudas con los bancos porque el mercado no responde”, señala el socio de CMS Albiñana y Suárez de Lezo, Juan Ignacio Fernández.

Ese “estrangulamiento financiero” es corroborado por el socio de Jausas, Agustín Bou, que considera que el poder de negociación con las entidades de las grandes inmobiliarias y constructoras -y más adelante de los proveedores de materiales- impedirá que tengan que optar por un concurso.

“Hay un problema psicológico, que es que el banco no quiere soltar un solo euro porque la empresa está al borde del concurso y, cuando ya está inmersa en él, menos aún, pero es entonces cuando hay que trasladarles la idea de que un concurso de acreedores no perjudica sus garantías de pago”, sostiene Álvaro Lobato, socio de Lexland.