Navarra y País Vasco desoyen a Hacienda y adelantarán la extra a sus funcionarios
Navarra y País Vasco han hecho caso omiso a las advertencias de Hacienda y siguen estudiando la posibilidad de adelantar a enero la próxima paga extra de sus funcionarios, siguiendo el esquema diseñado por Extremadura. El Ejecutivo reclamará certificados de que han obrado conforme a la ley para evitar desvíos en el gasto.
Existe una ley que impide el pago y el Gobierno va a hacer efectiva esa ley. Que le quede claro a todo el mundo: quién no tenga entereza política para hacerlo desde su Gobierno deberá dejarlo". Así de tajante se ha expresado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ante la insumisión de un buen número de autonomías y ayuntamientos que habían anunciado su intención contra cualquier "subterfugio" para pagar a los funcionarios una extra en Navidad. Algo que impide expresamente el real decreto-ley 20/2012, hecho público el pasado 13 de julio, que establece que no se podrá abonar la paga extra de diciembre y que los empleados públicos solo cobrarán una en 2012.
El primer brote de rebelión, ubicado en el País Vasco, lo cerró el Ministerio de Hacienda recurriendo ante el Constitucional la decisión de abonar esa paga (que, a su juicio, contravenía lo fijado por ley) con fecha del 5 de diciembre con el fin de evitar que el Gobierno autonómico se adelantara. Ahora le queda la parte más difícil, que es tratar de evitar las argucias legales anunciadas en primer término por Extremadura y que ahora tratan de replicar País Vasco y Navarra. Se trata de adelantar la paga extra de junio a enero de 2013 para aportar una inyección de liquidez a sus empleados públicos.
Para evitarlo, Hacienda solicitará a esas comunidades y a algunos ayuntamientos que están dispuestos a abonar la citada paga, como el de San Sebastián o Pontevedra, el certificado de no disponibilidad del dinero que debería dedicarse a la segunda extra del año y, en su caso, la reserva de estos créditos para realizar aportaciones a los planes de pensiones de los funcionarios (para evitar, entre otras cosas, que en 2013 los funcionarios cobren tres pagas extras). De esta manera, trata de contar con argumentos en el que caso de que tenga que pleitear, puesto que estas administraciones están cumpliendo lo fijado por la ley (solo una extra en 2012) y lo único que hacen es usar subterfugios legales.
En paralelo, el nuevo Ejecutivo presidido por Íñigo Urkullu, que ayer quedó constituido oficialmente, ya está preparando los movimientos para abonar esa paga en enero: debe pedir, en primer término, permiso a los funcionarios y posteriormente lograr que el Parlamento vasco reserve una partida presupuestaria para ese concepto, para lo que no será necesario un pleno. En el caso de Navarra aún no se ha tomado una decisión sobre si se adelantará el pago de la extra de julio a enero y cómo se hará. El Parlamento navarro pidió ayer al letrado mayor, a instancias de NaBai, un informe sobre la base jurídica que tiene para abonar la extra de diciembre a los trabajadores de esta institución con independencia de la supresión decidida por el Gobierno central.
También apoyaron el pago de la extra en diciembre PSN, Bildu e Izquierda-Ezkerra, mientras que UPN y PP han puesto en duda que la legislación básica del Estado no afecte al Parlamento navarro. Sin embargo no han presentado una misma propuesta al respecto: en el caso de UPN abogaron por adelantar la extra de junio de 2013 al próximo mes de enero y, en el del PP, por respetar las decisiones del Gobierno central y no buscar "subterfugios".
Reparación por el nuevo impuesto a los depósitos
El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, aseguró ayer que recurrirá a la Justicia si no alcanza un acuerdo con el Estado sobre la compensación que debe recibir tras la puesta en marcha del impuesto estatal bancario, que deja sin efecto el autonómico. "Si no hubiera al final acuerdo, recurriríamos a los tribunales de justicia como pasa muchas veces en las discrepancias entre una comunidad autónoma y el Gobierno de España", apuntó en una entrevista concedida a Canal Extremadura Radio. Monago solicitó "formalmente por escrito" al Ministerio de Hacienda una reunión para tratar sobre la compensación que Extremadura debe recibir por la puesta en marcha de un impuesto estatal sobre depósitos bancarios, por el cual "queda sin efecto el autonómico" que tenía la región extremeña.El Gobierno ha trazado una estrategia para impedir que las comunidades apliquen un tributo sobre los depósitos bancarios. Para ello, ha establecido esa figura tributaria a nivel nacional, pero con un tipo cero, lo que impide que las comunidades lo apliquen. De este modo, ha matado dos pájaros de un tiro: por un lado, impide que Canarias, Extremadura y Andalucía sigan aplicando un tributo que desagradaba al Gobierno y, por otra, cierra la puerta a que otras autonomías sigan sus pasos. De hecho, Asturias ya incluyó este impuesto en los Presupuesto de 2013.