Los municipios ultiman una subida del IBI y de tasas para esquivar la quiebra

No podemos estar pidiendo al Gobierno que nos aplace el pago de la deuda y a la vez anunciar bajadas de impuestos o la supresión de tasas. No es el momento de bajar impuestos". Con esta frase, Alberto Ruiz- Gallardón, alcalde de Madrid, ilustró la necesidad de enterrar todas las promesas realizadas por los ediles antes de las últimas municipales del 22-M para captar el voto de sus ciudadanos.

Y es una voz muy representativa, ya que además de ser el municipio más grande de España, es el más endeudado (con más de 7.000 millones de euros a 31 de marzo) y uno de los que ha vivido en primera persona la debacle económica de los entes locales. El elevado endeudamiento asumido para soterrar la carretera de circunvalación M-30 y financiar numerosas obras se ha vuelto incompatible con la situación derivada del estallido de la burbuja inmobiliaria. Todos los ingresos procedentes del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) o del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) se desvanecieron y provocaron una profunda merma en las arcas locales. Por este motivo, el Ejecutivo municipal ha aprobado una subida anual del IBI del 5,7% hasta 2021, lo que le reportará a las arcas municipales 79 millones adicionales al año. Este esquema, sin embargo, no es único de Madrid. Según el último informe del Ministerio de Economía y Hacienda, el IBI es el segundo concepto por el que más dinero ingresan los ayuntamientos, tan solo superado por las transferencias que reciben de la Administración Central.

En 2008, el dato disponible más actualizado, los ingresos superaron los 9.017 millones, lo que supone más del 17% del total. Si a ello se le unen lo que obtenían de los ingresos procedentes del ICIO (1.756 millones) y de las tasas (4.187 millones), los municipios recaudan uno de cada tres euros por los tres conceptos citados.

De ese modo, cualquiera de ellos se ha convertido en la tabla de salvación de los ayuntamientos en una situación en la que muchos de ellos han advertido sobre la falta de liquidez para pagar las nóminas o el riesgo de entrar en bancarrota. El aviso de Gallardón no ha sido el único. El nuevo alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ya ha iniciado la confección de unos presupuestos municipales de "contención", en los que prevé un incremento de tasas equivalente al IPC para que el coste de los servicios refleje su verdadero precio.

Y detrás de ellos van un gran número de municipios que preparan un aumento generalizado de impuestos y de tasas para tratar de esquivar la falta de efectivo. Córdoba, Castellón o Mérida son solo tres ejemplos de corporaciones que ya han anunciado actualizaciones de tributos y tasas en las cuentas para 2012 en función del IPC. Todo ello supone, sin duda, un duro golpe para el bolsillo de los contribuyentes. La inflación en España se ha disparado por encima del 3% y ha dejado de ser, en la gran mayoría de casos, una referencia para la revisión de los salarios en plena crisis.

Así se puede comprobar con los últimos datos del Ministerio de Trabajo, que reflejan que la subida salarial pactada en convenio hasta julio ha sido del 2,6% o del 1,7% en el caso de los convenios de empresa.

Actuaciones mancomunadas

La gran mayoría de consistorios está con el agua al cuello y eso les está obligando a buscar soluciones de emergencia. Un grupo de 38 alcaldes catalanes (entre ellos los de Sitges o Igualada) se reunió a finales de julio con una delegación de la Generalitat con la intención de transmitirle al Gobierno regional la delicada situación económica por la que pasaban. En el encuentro, la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, les ofreció como solución más rápida que suban los impuestos municipales, que reduzcan los servicios públicos o que incluso los mancomunen.

La situación de tesorería es tan desesperada que algunos consistorios ya han amenazado con dejar de prestar servicios. El presidente de la Federación Canaria de Municipios, Pedro Martín, alertó la semana pasada que ya hay varias corporaciones que le han transmitido su intención de recortar su catálogo de prestaciones.

Esta petición tiene su origen en el enfrentamiento que mantienen desde hace años ayuntamientos y comunidades autónomas por las denominadas competencias impropias. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) calcula que los entes locales realizan tareas que no les corresponden en materia de dependencia, educación o sanidad, que representan una factura adicional de 6.000 millones de euros.

A esa menor disponibilidad de recursos se le unen los 6.123 millones que les reclama la Administración Central. En 2008 y 2009, los ayuntamientos recibieron unas transferencias por parte del Estado en función de una previsión de ingresos que no se cumplió y que se desvió mucho de esa estimación. De este modo, los municipios están obligados a devolver 1.514 y 4.609 millones correspondientes a ese desfase en 2008 y 2009, respectivamente. Para mitigar el impacto, el Gobierno ha aplazado un año el reintegro de estas devoluciones, de forma que las correspondientes al ejercicio de 2008 se están haciendo a partir de 2011 y las del ejercicio 2009 a partir de enero del próximo año. El pago, además, se puede fraccionar hasta en 60 mensualidades.

De nada han servido las propuestas formuladas por grupos parlamentarios como CiU, para tratar de aplazar dos años esos pagos hasta que se disipe la crisis económica. Algunos consistorios, como los cabildos de Gran Canaria, La Palma, Fuerteventura, El Hierro y La Gomera, ya han echado cuentas y el resultado es que el pago de esas liquidaciones negativas les supondrá una merma de hasta el 10% de sus presupuestos.

La situación es aún más dramática en los municipios en los que se ha producido un cambio de gobierno tras las elecciones del 22-M y donde se han descubierto déficit ocultos. La gran mayoría de alcaldes optó por iniciar una auditoría de las cuentas y han descubierto agujeros mucho más importantes de lo declarado oficialmente por los anteriores regidores.

En este contexto no han descartado la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ante la necesidad de pagar las facturas pendientes y hacer frente al pago de los salarios de plantillas en la gran mayoría de los casos sobredimensionadas. Esta última partida, de hecho, es la que más recursos detrae de las arcas municipales. Los últimos datos de la Cámara de Cuentas de Andalucía así lo avalan. En los 29 consistorios andaluces cuya población supera los 50.000 habitantes, el pago de las nóminas absorbe hasta el 40% del presupuesto municipal.

Algunos ayuntamientos, incluso, han planteado la posibilidad de suspender el pago a proveedores hasta que no se recompongan los desequilibrios acumulados en sus cuentas. Así ha sucedido en el municipio valenciano de Alfafar, cuyo alcalde, Juan Luis Adsuara, ha decidido que no empezará a abonar el dinero que adeuda a sus proveedores hasta principios del año que viene.

La citada corporación acumula una deuda de 26 millones de euros con tres empresas concesionarias y debe 9,5 millones de euros a varias entidades bancarias. En una carta a los ciudadanos de ese municipio, el regidor ya les advertía de que serán "dos años muy duros, sin apenas inversiones, pero espero que todos los ciudadanos sepan comprender esa situación". En esa misiva explicaba que la prioridad del consistorio pasaba por el pago de las nóminas, de las facturas que se adeudan a una compañía eléctrica o de las iniciativas de carácter social.