La Defensora del Pueblo, Luisa Cava de Llano, ha recibido ya varias peticiones para que promueva un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma laboral. La última de estas solicitudes ha partido esta misma mañana de los líderes de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, quienes han sustentado su demanda con un documento, en el que argumentan detalladamente, ocho motivos por los que creen que la nueva norma laboral vulnera la Carta Magna.
Según aseguró Toxo tras la entrevista con la Defensora del Pueblo, ésta ha avanzado a los sindicatos que "sólo por el volumen de documentación aportada", su escrito era "el más fundamentado" de los recibidos hasta la fecha sobre la misma cuestión. Cava de Llano tiene hasta el próximo 11 de mayo para decidir si interpone o no dicho recurso ante el Tribunal Constitucional en nombre de los sindicatos, que han recurrido a la institución al no tener facultad directa para hacerlo.
Estos son los ocho motivos argumentados por las dos centrales sindicales mayoritarias:
1. Vulneración del artículo 86.1 que regula el uso de un Real Decreto-Ley
Los sindicatos aseguran que no existen razones de "urgente y extraordinaria necesidad" para aprobar las medidas de la reforma; y aseguran que el Gobierno no conecta la situación de urgencia definida con la medida concreta adoptada para atenderla. Además, consideran que la nueva norma afecta a derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, que no pueden ser regulados por un decreto. En concreto, la eliminación de los salarios de tramitación afectaría al derecho a la tutela judicial efectiva; la extinción de los contratos por decisión unilateral del empresario, iría en contra del derecho al trabajo; y la reforma de los convenios, contra el derecho a la negociación colectiva.
2. Derecho al trabajo en su vertiente individual
El establecimiento de un periodo de prueba de un año, "en todo caso", en el nuevo contrato fijo para emprendedores, afecta a este derecho "en su vertiente individual", según CC OO y UGT. Durante este año el trabajador puede ser despedido sin ser indemnizado y por decisión unilateral del empresario.
3. Derecho al trabajo
Consideran que la eliminación de los salarios de tramitación, en el caso de que el empresario opte por el pago de una indemnización, ante la declaración judicial de improcedencia del despido, va contra el artículo 35.1 de la Constitución.
4. Tutela judicial efectiva
La nueva regulación de las causas de los despidos colectivos del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores (ET), en el que se elimina la necesidad de autorización administrativa; y la modalidad de despido objetivo individual del artículo 52, c del ET, vulnerarían el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y al derecho del trabajo.
5 y 6. Derecho a la negociación colectiva
Una de las partes de la reforma que va en contra de este derecho, según CC OO y UGT, es la obligación de las partes que no han llegado a un acuerdo sobre la inaplicación de un convenio colectivo aplicable en la empresa, a la decisión pública de, en este caso, la Comisión Nacional de Convenios Colectivos (o su equivalente autonómico).
En segundo lugar, entienden vulnerado este mismo derecho por la atribución al empresario de la facultad de modificar de manera unilateral -y a veces, sin necesidad de abrir un periodo de consultas- las condiciones de trabajo establecidas en acuerdos o pactos colectivos. Se refieren, en concreto, a los nuevos mecanismos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.
7. Derecho a la libertad sindical
La argumentación sindical entiende que las modificaciones operadas en materia de articulación y vertebración de la negociación colectiva y la prioridad absoluta que se da al convenio colectivo de empresa, "restringen sin causa razonable la libertad de estipulación de los sindicatos más representativos y representativos del sector". Estos cambios también irían en contra del derecho a la negociación colectiva.
8. Vulneración de los derechos de los empleados públicos
En opinión de CC OO y UGT la posibilidad de despedir por causas empresariales a los empleados públicos laborales; y, al tiempo, la exclusión de este colectivo de los expedientes de suspensión temporal de empleo y de reducción de jornada, que son figuras de flexibilidad interna alternativas al despido, vulneran los artículos 9.3, 14, 24 y 35 de la Constitución española.
