El caso de las 500 empresas asociadas en la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), que proveen de material a los hospitales públicos, es paradigmático del fenómeno del retraso en los pagos por parte de las administraciones públicas.

La deuda acumulada por impagos creció un 17% a finales de 2007 y se elevó a 1.700 millones de euros, mientras que el retraso medio en el pago se incrementó hasta 214 días, casi cuatro veces más de lo permitido por ley. Margarita Alfonsel, presidenta de Fenin, destaca casos especialmente 'sangrantes' como la Comunidad Valenciana o Andalucía, en las que se llega a 582 y 525 días. Tan sólo Galicia, 'que cuenta con los mismos mecanismos de financiación sanitaria que el resto de las regiones', se mantuvo en 2007 en los plazos legales de pago, fijados en 60 días.

La presidenta de Fenin señala que se ha apreciado en los primeros meses de 2008 una tendencia al empeoramiento en el pago, que de confirmarse, ahondaría en las dificultades para sobrevivir de algunos de los asociados. 'Una de cada cuatro sigue amenazada por el cierre ante los problemas financieros', señala Alfonsel, quién muestra cierta preocupación ante el deterioro de la economía española. 'Nos preocupa que la desaceleración pueda ser utilizada como justificación para demorar aún más el retraso del pago', apunta.