En el caso de Cataluña el comportamiento del mercado es muy exigente, y apenas se cruzan operaciones por 50.000 euros al día, según apuntan fuentes conocedoras de la operativa. Para una colocación a dos años emitida en abril de 2011 se exige un descuento del 13% a los tenedores de los bonos y una rentabilidad del 15%, lo que da una idea del tipo de interés que hoy tendría que abonar Cataluña si emitiese bonos a ese plazo.
Si el plazo analizado es el de los diez años, el descuento que se le pide a los tenedores en el secundario es nada menos que del 30% y el interés llega al 12%. Esto supone un diferencial de 600 puntos básicos respecto a la deuda emitida por el Estado y de 1.100 por encima de la alemana en los mismos plazos.
Así sucede también en la Comunidad Valenciana, en la que se le llega a exigir una rentabilidad del 24%, propia de activos de altísimo riesgo, para títulos emitidos en diciembre de 2011 a doce meses, según indican algunas operaciones cruzadas la semana pasada. Peor lo tienen los inversores en bonos de otras Comunidades Autónomas como Andalucía o Murcia, con los que directamente no se registran transacciones, según datos de Bolsas y Mercados. Pero las pistas que ofrece el mercado secundario más reciente habla en el caso andaluz de descuentos del 10% sobre el principal en el precio de los bonos, y rentabilidades acordes con tal descuento.
Las comunidades acumulaban en el último trimestre de 2011 una deuda de 140.083 millones y Hacienda no les va a permitir que llegue más allá de los 160.099 millones a finales de este ejercicio, según los límites establecidos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este años dispondrán de un margen de nuevo endeudamiento de 20.014 millones de euros, una cifra que parece bastante exigua y que se tendrá destinar mayoritariamente a refinanciar la deuda que vence este año y cuyo importe se eleva a 35.782 millones.
Hasta hace pocos meses, las comunidades optaban por emitir deuda o por lanzar bonos patrióticos. Ahora las más endeudadas tienen calificación de bono basura y se les han encarecido sobremanera las emisiones, y ni los particulares que tomaron los títulos en el mercado primario tienen ahora opciones para desprenderse de ellos en el secundario.
El socorro financiero
De este modo, la gran mayoría de autonomías se verán obligadas a recurrir, paulatinamente, al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que el Ejecutivo va a habilitar en breve ante sus necesidades de tesorería. Eso si antes no hay alguna comunidad que logre bloquearlo por vía judicial. Andalucía es la primera que ya ha anunciado su intención de presentar un recurso ante el Constitucional al considerar desproporcionados los techos de déficit y deuda ya que, según sus cálculos, le obligará a hacer un presupuesto para 2013 con 3.000 millones menos.
El fondo estará dotado con 18.000 millones, de los que 8.000 vendrán de la banca, 6.000 de Loterías del Estado y 4.000 a través del Tesoro público. Ese dinero estará a disposición de las comunidades que tengan problemas para financiarse y conllevará, tal y como ha recalcado en varias ocasiones el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, "una condicionalidad estricta".
La que más problemas tiene es Cataluña, con unos vencimientos por valor de 13.476 para todo el año, de los 4.796 corresponden al último trimestre. El presidente catalán, Artur Mas, ya ha apremiado a Rajoy a poner en marcha ese fondo lo antes posible ante sus dificultades para afrontar los pagos correspondientes a agosto. Buena prueba de ello es que dejó de pagar 416 millones en julio a entidades sociales para hacer frente a sus compromisos bancarios.
Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana son las tres regiones que han manifestado públicamente su intención de acudir al fondo de rescate y todo apunta a que no serán las únicas. Solo cuatro autonomías (Asturias, Cantabria, Castilla y León y Extremadura) disponen de cierta holgura financiera este año al ser bastante inferior el importe de los vencimientos al límite impuesto por Hacienda. Varias han mostrado interés en analizar primero las condiciones.
Disputas por el nuevo objetivo de déficit
El Ejecutivo y las autonomías no solo centran sus discusiones en los límites de deuda, sino que también la amplían a los nuevos objetivos de déficit. El deterioro económico y la imposibilidad de llegar al límite inicial marcado por Bruselas (un 5,3%) ha obligado a las autoridades comunitarias a relajar en un punto esta meta y dejarla en el 6,3%.
De este modo, el Estado podrá incurrir en un déficit del 4,5% (frente al 3,5% anterior), el de las autonomías se mantiene en el 1,5% y el de los ayuntamientos no varía del 0,3%. Fuentes del Ejecutivo confirman que la Administración central se reservará el punto adicional de déficit, pero no para contar sin más con ese margen de cara al cumplimiento de sus límites presupuestarios. "Queremos gestionar ese margen para ayudar si fuera necesario al resto de las administraciones a cumplir con estos objetivos particulares", recalcan desde Hacienda. Sin embargo, el esfuerzo que deben realizar algunas comunidades para llegar al objetivo de déficit del 1,5% se antoja casi imposible al menos que apuesten por hacer recortes masivos de gasto y subidas de impuestos.
El caso más paradigmático es el de Castilla-La Mancha, que debe recortar 5,8 puntos de déficit en tan solo un ejercicio, lo que supone poner en marcha un ajuste del gasto de 1.532 millones de euros, el más importante de todas las regiones en términos relativos.
Un ajuste todavía más complejo en un escenario de desplome de ingresos y de escasa contención del gasto. Entre 2009 y 2011, los ingresos de la comunidad gobernada en la actualidad por María Dolores de Cospedal han caído un 26%, pasando de 9.408 a 6.967 millones, mientras que el gasto ha crecido un 9%, acumulando un déficit a finales de 2011 del 7,3%.
