Diez medidas laborales para bajar la prima de riesgo

El Gobierno se encontrará mañana probablemente con un primer documento para reformar el mercado laboral encima de la mesa del Consejo de Ministros, tras el fracaso de las negociaciones entre patronal y sindicatos. Por ello, un grupo de 14 expertos de Fedea, ha presentado hoy una propuesta de reforma laboral que, según aseguran, "haría bajar la prima de riesgo inmediatamente".

Estas son sus diez sugerencias:

1. El Gobierno debería acometer una reforma de calado y no parcial. Y, sobre todo, no aceptar propuestas de reforma parciales, por estar avaladas por el acuerdo de patronal y sindicatos. "El Ejecutivo no tiene que legislar sólo en lo que no haya acuerdo del diálogo social", pidió Samuel Bentolilla (CEMFI).

2. Esta reforma de calado debería abordar al mismo tiempo: la protección por desempleo y las políticas activas de empleo; la negociación colectiva y la contratación laboral.

3. Los expertos abogan por una fuerte reordenación de las políticas activas para la reinserción laboral y la formación. "En un momento como el actual hay que ser muy exquisito con los recursos que se tienen, porque sólo las prestaciones por desempleo se comen el 3,2% del PIB", explica Juan José Dolado, de la Universidad Carlos III. Su propuesta es mejorar la gestión de estas políticas activas concentrándolas en los casi 2,5 millones de parados de larga duración. Para ello abogan por aumentar el personal de los servicios públicos de empleo -cada trabajador de este organismo debe ocuparse de más de cuatrocientos parados-. Los recursos para ello saldrían de eliminar los 3.000 millones de bonificaciones al empleo fijo; de reducir el uso fraudulento de los fondos de formación, fundamentalmente.

4. Abogan por erradicar los abusos de prestaciones por desempleo, ligando rigurosamente su cobro a la búsqueda activa de empleo, so pena de la retirada parcial o total de las ayudas. Además proponen un sistema por el cual las empresas que recurran más al despido, paguen cotizaciones más altas y, al contrario, las que tengan plantillas más estables, coticen menos.

5. Estos expertos consideran que sería muy importante modificar la actual eficacia jurídica de los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa. Para ello sería imprescindible elevar el umbral de representatividad que se exige a los sindicatos y patronales para negociar un convenio. Actualmente estos porcentajes están en el 10% y 15% de la representatividad para los convenios sectoriales nacionales y autonómicos, respectivamente. La propuesta de Fedea es duplicar al 20% y 30% como mínimo. En este punto, Marcel Jansen (Universidad Autónoma de Madrid) recuerda que este porcentaje es del 60% en los países nórdicos. Además consideran que "ningún convenio colectivo de ámbito superior debe poder vetar el descuelgue del convenio para cualquier empresa".

6. Consideran que deben ampliarse las materias que pueden modificarse mediante acuerdos entre el empresario y los trabajadores al margen del convenio vigente; además de aumentar aquellas que puede cambiar el patrón unilateralmente, y cuyo único control sea el judicial posterior. En este caso pusieron como ejemplo de materias que podrían modificarse unilateralmente por el empresario la distribución del horario de trabajo.

7. Los firmantes de la propuesta de Fedea creen que "es crucial reducir drásticamente la inercia de la negociación colectiva". En concreto, deberían limitarse al máximo las cláusulas de revisión salarial automáticas con la inflación como referente (que ahora tienen la mitad de los trabajadores con convenio). Asimismo, piden que si en la negociación de un convenio ha pasado un año sin que haya acuerdo ni arbitraje (cuya decisión es vinculante), el contenido de dicho convenio debería decaer en todas sus materia

8. Otra de las claves importantes que supondrían un claro mensaje a los mercados para rebajar la prima de riesgo sería la creación de un contrato indefinido único para las nuevas contrataciones. Su indemnización por despido (tanto improcedente como para los objetivos improcedentes) oscilaría entre la que tienen los temporales (ahora 10 días y 12 días a partir del año próximo) y los 33 días, con un máximo de una anualidad. Además, reclaman suprimir la autorización administrativa para los despidos colectivos.

9. La creación del citado contrato único iría acompañada de una supresión del resto de contratos temporales, salvo los de sustitución o interinidad. Igualmente, los actuales contratos fijos (con 45 días de indemnización y un máximo de 42 mensualidades o de 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades) serían figuras legalmente a extinguir. Esto supone que los trabajadores que tuvieran uno de ellos conservarían sus derechos hasta el término de la relación laboral.

10. Finalmente, las reformas en materia de contratación se culminarían dotando al contrato indefinido a tiempo parcial de mayor flexibilidad horaria. Este contrato serviría para cubrir empleos susceptibles de tener una distribución irregular de la jornada en el año o para conciliar la vida laboral y familiar.