El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció ayer que su Gobierno implantará una tasa de un euro por receta médica a partir del 1 de enero próximo, según figura en el proyecto de presupuestos para 2013, aprobado ayer en Consejo de Gobierno.
Según el Gobierno regional, esta medida "no tiene afán recaudatorio [prevén obtener 83 millones], sino que lo que pretende es incentivar un uso más eficiente de los medicamentos".
Estarán exentos de pago los mismos grupos que no tienen que abonar los medicamentos. En concreto, González explicó que esta nueva tasa afectará a los jubilados, mientras que, por el contrario, quedarán exentos los afectados por el síndrome tóxico o personas con discapacidad. Del mismo modo, tampoco pagarán esta tasa los perceptores de la renta de integración social, los beneficiarios de pensiones no contributivas, los parados que han perdido el derecho a recibir el subsidio y los enfermos por accidente laboral.
En cualquier caso, la norma establecerá un máximo de 72 euros al año a pagar por persona.
Pese a todo ello, el presidente madrileño insistió en que el sistema madrileño de salud es "universal, gratuito y de la mayor calidad" y que esta medida, que tiene que ver con el gasto de farmacia, va en la línea de la "racionalización". "No dejamos a nadie fuera del sistema y no cobramos por ningún servicio asistencial sanitario", apuntó.
En cuanto al copago farmacéutico, González indicó que existe en el país desde hace "más de 40 años" y que cuando uno contempla "cómo ha evolucionado el gasto", en aquellos lugares donde se han establecido medidas de este tipo, la reducción del gasto ha sido siete puntos superior a la que ha tenido en el conjunto del territorio nacional.
De momento, solo Cataluña ha implantado esta tasa del euro por receta, que comenzó a cobrarse en esta comunidad el pasado 23 de junio. En el caso catalán, el máximo que se aplica es de 61 euros por persona y año.
Solo están exentos de su pago unos 127.000 ciudadanos residentes en Cataluña en riesgo de exclusión social beneficiarios de ayudas.
Desde la implantación de esta tasa hasta el 1 de septiembre, el departamento de Salud catalán había recaudado 20 millones, aunque la intención del Gobierno es lograr unos ingresos anuales de 100 millones, además de moderar el consumo de medicamentos.
Ante las dudas que esta tasa pueda generar en materia de competencias, el presidente de la Comunidad de Madrid aseguró: "No hay incertidumbre, el Gobierno central no ha recurrido nada. Que yo conozca, no hay ningún recurso ni reclamación por parte del Gobierno en cuanto a esta medida (...) que ya aplica Cataluña sin ningún problema".
Por otro lado, González explicó que su Gobierno va a conseguir una mayor reducción de los gastos con la centralización de las compras de los productos sanitarios.
El PSOE, IU o la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) rechazaron ayer esta medida.
