El Consejo de Ministros aprobó este viernes la remisión al Parlamento del proyecto de ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios. El texto incorpora, entre otras medidas, el derecho a darse de baja de los contratos suscritos con prestadores de servicios 'con las mismas facilidades con las que se dan de alta', no como ocurre ahora en muchas empresas de telefonía, según denuncian las asociaciones de consumidores.

La nueva norma exige a las empresas prestatarias de los servicios que informen sobre el derecho del usuario a darse de baja y sobre el procedimiento a seguir. El incumplimiento de esta obligación se tipifica como infracción. Además, pasan a considerarse cláusulas abusivas las trabas al ejercicio de ese derecho o la imposición de requisitos injustificados, como la pérdida de cantidades abonadas por adelantado.

El proyecto de ley prohíbe expresamente también los redondeos al alza, en general, en cualquier prestación de servicios. El texto refuerza también la protección del consumidor en la compra de una vivienda. Entre otros asuntos, se prohíbe penalizar al comprador que no se subrogue al crédito hipotecario del promotor. El vendedor tampoco podrá trasladar al comprador los impuestos que le corresponden, como, por ejemplo, los derivados de plusvalías.

Del mismo modo, también se considera abusiva la imposición al comprador de los gastos de las conexiones a los suministros generales de la vivienda, tales como el enganche del suministro de agua, gas o alcantarillado. Las comunidades autónomas y los municipios podrán solicitar el cese de prácticas contrarias a la ley.