Cómo llevar el déficit público al 4,4% del PIB

Negro panorama el que se ha encontrado el equipo económico de Mariano Rajoy. La actividad a punto de entrar en otra recesión, como apuntó ayer el ministro Luis de Guindos, el paro galopando por encima de los cinco millones de trabajadores y cualquier decisión que se adopte a expensas de ese seudo Gran Hermano en el que se han convertido los mercados financieros, capaces de enviar la prima de riesgo a niveles insoportables. Así, la pregunta del billón (porque hablar de millones con las cifras que se barajan es cuanto menos chocante) es ¿cómo recortar el gasto al menos en otros 16.500 millones para llevar el déficit al 4,4% del PIB sin hacer tambalear los pilares del crecimiento?

Lo cierto es que hasta que no se conozca el avance de liquidación de gastos de 2011, los nuevos gestores no dispondrán de toda la información necesaria para poder decidir qué partidas conviene ajustar y dónde es inviable aplicar nuevos recortes. Pero puesto que la Administración Zapatero ya redujo el gasto en más de 15.000 millones y diseñó un estricto calendario para bajar el déficit al 3% del PIB en 2013, los expertos consultados por CincoDías analizan dónde pueden realizarse aún esfuerzos.

PENSIONES

Este capítulo es el más importante de todos, ya que este año se presupuestó con más de 112.000 millones. En él no solo no habrá margen para lograr nuevos ahorros, sino que en 2012 se gastará más que en 2011, puesto que Rajoy anunció en el debate de investidura que actualizará las pensiones el próximo ejercicio. Aunque por ahora no se han ofrecido más detalles, todo apunta a que en el decreto del próximo viernes se aprobará un incremento de las pensiones del 1%, que es la cuantía en la que el Ejecutivo espera que se sitúe la inflación el próximo año. Cualquier desvío sobre esa cifra será abonado ya en 2013 según el dato de IPC que se publique en noviembre. Aplicar este incremento supondrá un gasto extra de unos 1.000 millones para las prestaciones contributivas y otros 100 millones para las de clases pasivas.

DESEMPLEO

Es otra de las partidas de gasto más cuantiosa de la Administración central del Estado. Al término de este año superará los 30.500 millones de euros y, sin embargo, sin necesidad de aplicar ninguna de las conocidas como reformas traumáticas (recorte en la prestación contributiva de desempleo o reducción del tiempo durante el cual los parados reciben la ayuda) podría reportar unos ahorros de unos 4.000 millones de euros como máximo, aunque no sea por buenas noticias. "La causa hay que buscarla en que disminuirá el número de beneficiarios, no porque encuentren un trabajo, sino porque habrán agotado el tiempo de percepción de la ayuda", aseguran fuentes sindicales. Numerosos expertos mostraron su convencimiento durante la campaña electoral de que ésta es una de las reformas estructurales pendientes de la economía española.

PERSONAL

Como en cualquier empresa privada, el pago de los salarios de su plantilla es uno de los costes fijos más importantes y en el caso de las Administraciones públicas no es diferente. Pero mientras gobiernos autonómicos como el catalán o el castellano-manchego han anunciado ya recortes en los sueldos de sus empleados públicos, en el Estado (que gasta en este concepto más de 23.000 millones), el Gobierno se ha limitado a anunciar que prorrogará los presupuestos de 2011 hasta la elaboración de unas cuentas públicas nuevas antes del 31 de marzo. En la práctica, esta decisión supondrá que persista al menos esos tres meses la congelación salarial decretada para los funcionarios en 2011 por el Ejecutivo de Zapatero. Luego, ahorros, de momento ninguno. En cuanto a la anunciada tasa de reposición cero (no cubrir ninguna baja por jubilación salvo contadas excepciones) o a la reducción de la Administración mediante la eliminación de duplicidades, los expertos consultados admiten que no existe cifras fiables de qué ahorro se podría obtener con ello. "Contribuiría a mandar una señal al mercado de que el sector público va a reducir su tamaño, pero los efectos económicos son a más largo plazo", comentan desde Funcas. Tampoco tendrá impacto inmediato sobre el déficit el anunciado plan de venta de inmuebles o la reducción del número de organismos públicos.

INVERSIâN

La licitación de obra pública sumará un importe de unos 16.000 millones de euros al cierre de este año, en caso de que se mantenga la licitación media anual registrada hasta octubre, lo que supondrá el menor importe inversor de los últimos 15 años, según datos facilitados por la patronal Seopan. Este monto constituirá, además, una tercera parte del importe máximo histórico de 46.401 millones de euros que el conjunto de las Administraciones públicas destinaron a obra pública en 2006. Es decir, que aunque la inversión ya ha absorbido más de la mitad del ajuste aplicado por el anterior Ejecutivo, "siempre se puede llevar a la mínima expresión, pero los efectos que ello tiene sobre la actividad y el empleo son perversos", sostienen desde una mediana constructora.

SANIDAD

Sanidad y Educación son las otras dos grandes patas del gasto social, por lo que cualquier medida de ahorro que se anuncie va a ser fuertemente contestada por la opinión pública. Además, en este caso las competencias están en manos de las comunidades autónomas, por lo que el Estado poco o casi nada puede hacer. Sí existe margen para una vuelta de tuerca más al gasto farmacéutico y una congelación de los proyectos de investigación en nuevas tecnologías.