La idea de fijar un techo anual a las ayudas agrícolas es una vieja reivindicación del Ejecutivo comunitario, que ya lo intentó en negociaciones anteriores de la PAC, pero siempre chocó con la oposición de la mayoría de las capitales, lideradas por Berlín y Londres.
En esta ocasión, la propuesta de acuerdo que examinan los líderes europeos este viernes deja claro que "el techo de los pagos directos para los mayores beneficiarios se introducirá por los Estados miembros con carácter voluntario".
Aunque la reforma de la política agraria europea deben negociarla con el Parlamento Europeo y la Comisión, los Veintisiete fijan con este texto los límites de la revisión, al proponer el presupuesto con que contará la PAC en esos siete años y marcar algunas de sus disposiciones.
En concreto, los mandatarios asignan a la política que más fondos recibe de las arcas comunitarias un total de 363.937 millones de euros, de los que 277.851 millones se distribuirán en ayudas directas y medidas de mercado y los otros 85.086 para desarrollo rural, partida que pierde un 16% con respecto a la propuesta primera de Bruselas.
Dentro de estos fondos, los jefes de Estado y de Gobierno europeos quieren un fondo específico para apoyar al sector en caso de crisis graves dotado con 2.800 millones de euros. No se trata de dinero adicional, sino de una reserva de 400 millones anuales de las ayudas directas que, en caso de no ser utilizado en medidas de crisis ese año, "será reembolsado como pagos directos".
El llamado 'pago verde' o 'greening' que condiciona el 30 % de las ayudas directas a que el agricultor o ganadero cumpla con determinados esfuerzos medioambientales queda confirmado por los líderes en el acuerdo de presupuesto, si bien deja abierta la puerta a cierta "flexibilidad". El texto señala que ese 'pago verde' debería incluir "una clara flexibilidad" para los Estados miembros sobre medidas "equivalentes".
También recogen la idea del comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, para avanzar hacia una convergencia de los subsidios entre los diferentes Estados miembros, con el objetivo de que la ayuda por hectárea sea para todos los agricultores de 196 euros en el horizonte 2020.
Además contemplan que un país pueda traspasar hasta un 15 % de su sobre nacional para ayudas directas a los fondos de desarrollo rural cada año, y contempla que los países con menores apoyos puedan transferir un 10 % del segundo al primer pilar.
Los líderes europeos también han cerrado una partida para la pesca y asuntos marítimos de 10.542 millones de euros, que mejora los 9.632 millones que barajaron en la negociación inicial del pasado noviembre.
