Los jefes de Estado y de Gobierno de 25 países miembros de la UE rubricaron el llamado "Tratado para la Estabilidad, la Coordinación y la Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria" en una ceremonia al inicio del último día de la cumbre europea. El acuerdo sobre este pacto se logró el pasado 9 de diciembre.
El tratado supone un "importante paso para restablecer la confianza en la UE" y también permitirá "prevenir la repetición de la crisis de la deuda soberana", afirmó el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, al inicio de la ceremonia de firma.
Tras la firma de los líderes se abre ahora un proceso para la ratificación del tratado en los parlamentos nacionales, que podría tomar un año, mientras que Irlanda celebrará un referéndum.
El pacto, que fue acordado en la cumbre del 31 de enero, entrará en vigor el 1 de enero de 2013, si 12 países miembros de la zona euro han ratificado el documento, o el primer mes después del depósito de los instrumentos de ratificación de 12 estados del euro.
Aunque Londres y Praga no se han sumado a la iniciativa, el pacto "sigue abierto a todos", recordó el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso.
El principal objetivo del acuerdo es obligar a los países a incluir de manera vinculante y permanente en sus legislaciones o constituciones la llamada "regla de oro", destinada a limitar el déficit estructural anual (sin incluir los gastos e ingresos de carácter cíclico) al 0,5% del PIB.
El pacto vincula a partir del 1 de marzo de 2013 la concesión de rescates a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) a países a la ratificación del pacto presupuestario, y su contenido deberá ser trasladado a los Tratados de la UE en un plazo máximo de 5 años.
Los países tendrán que implantar un mecanismo automático de corrección de los desvíos de los objetivos del déficit o del camino de consolidación, así como tener en cuenta su impacto acumulativo en la deuda.
El pacto permite, no obstante, a los países desviarse de esos objetivos a medio plazo, o del ajuste, pero solamente en circunstancias excepcionales como una "severa contracción económica".
Solamente los gobiernos con una deuda sustancialmente inferior al 60 % del PIB podrán alcanzar un déficit estructural de hasta el 1,0 % del PIB. Los países con una deuda superior al 60 % del PIB deberán reducirla en una veinteava parte al año.
