El desenlace que tuvo el jueves la votación en el Congreso de los Diputados de la Ley de Estabilidad Presupuestaria no era ni de lejos el esperado por el PSOE, cuyo Gobierno propuso en agosto pasado al PP la reforma de la Constitución para blindar las limitaciones de gasto de las Administraciones. Zapatero, quien lideró la iniciativa, tuvo casi más fácil entonces convencer al líder de la oposición, Mariano Rajoy, de las bondades de la medida que al ahora secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, que había menospreciado inicialmente la idea.
¿Cómo ha sido posible que el PSOE se haya quedado fuera de una iniciativa que impulsó en un momento en que se consideró positivo dar señales de que España no era lo mismo que Italia, Portugal o Grecia? No es menos llamativo que dos partidos, sobre todo CiU y en menor medida el PNV, que criticaron duramente que no se les dejara participar en las conversaciones entre las dos grandes formaciones hayan terminado por votar a favor, uno, y abstenerse el otro. El partido que propone la idea se queda finalmente al margen, el que es invitado a participar termina liderando la iniciativa legislativa y los críticos acaban sumándose.
En el acuerdo político firmado por Soraya Sáenz de Santamaría y Alfredo Pérez Rubalcaba el 26 de agosto de 2011 se recoge expresamente que la Ley de Estabilidad Presupuestaria "fijará en un 0,4% el déficit estructural global máximo de las Administraciones públicas a partir de 2020", distribuido en un 0,26% para el Estado y en un 0,14% las comunidades. La redacción final ha establecido que sea el 0% con carácter general, excepto si se están aplicando reformas estructurales con incidencia en varios ejercicios, en que se permitirá el 0,4%. En 2015 y 2018 se podrán revisar los objetivos.
En el PSOE se considera que es un incumplimiento flagrante de lo pactado y que el Gobierno, en su ánimo de dar un mensaje tranquilizador en el contexto actual, ha querido ir más allá de lo exigido al situar el objetivo del déficit estructural en el 0%. Se habla incluso en las filas socialistas de un interés predeterminado del Gobierno por dejarles fuera, después de no haber aceptado ninguna de sus enmiendas y de no haber respondido a su texto alternativo. Según el PSOE, el pacto fiscal de la UE permite incluso llegar al 0,5%.
La explicación del Gobierno, a través del director de la Oficina Económica de Moncloa, es que el texto original fijaba un objetivo del 0,4% del PIB o en su caso el que estableciera el pacto fiscal de la UE que entonces aún no había sido aprobado. Según Álvaro Nadal, dicho pacto establece que los países deben cumplir con el objetivo de déficit a medio plazo que hayan establecido y que en el caso de España es cero desde el año 2005, cuando gobernaba el PSOE.
Lo que parece claro es que al forzar la celebración de un pleno para la aprobación con tanta premura de una ley que es orgánica, el Gobierno ha pretendido sumar uno más al capítulo de mensajes de confianza que está lanzando casi a diario. Se intenta alejar así el fantasma de la intervención y tranquilizar a los inversores/acreedores.
A corto plazo, no se puede decir que se hayan obtenido los resultados deseados porque el Ibex, en la mayor caída en cinco meses y medio, se dejó el 3,58% viernes, un día después de votarse la ley en el Congreso de los Diputados. La apuesta por la estabilidad presupuestaria parece innegociable pero está por ver si los objetivos de la ley son o no demasiado exigentes. En 2015 lo veremos.
