La Ley de Dependencia arranca con incertidumbre en la financiación

Hay dos cosas en las que todos los expertos e implicados en el futuro sistema de atención a personas dependientes están de acuerdo: por un lado coinciden en que se trata, sin duda, de un paso adelante. Pero, al mismo tiempo, consideran que el diseño de la ley presenta grandes dudas e incertidumbres que, en parte, la desvirtúan.

Bien es cierto que el texto legal aún no está cerrado, ya que después de que el Gobierno apruebe el anteproyecto del ley, previsiblemente en el Consejo de Ministros de mañana viernes, aún quedará un largo trámite parlamentario que se presenta duro. De momento, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, firmó ayer un acuerdo sobre esta ley con Ezquerra Republicana, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya. Mediante este acuerdo el Gobierno se garantiza que contará con estos partidos para sacar adelante la ley en el Parlamento, aunque trabajará por un mayor consenso.

Un grupo de seis expertos en esta materia reunidos por Cinco Días han analizado la situación de la ley y sus, aún inciertas, repercusiones.

El consejero de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes), Ignasi Faura, plantea que la financiación y la fijación de los criterios para recibir la prestación son las dos grandes lagunas que aún quedan por definir mejor en el texto final de la ley.

Hasta ahora, el Gobierno ha planeado invertir un total de 12.638 millones de euros entre 2007 y 2015 (periodo de implantación del sistema) y exigirá a las comunidades autónomas que inviertan la misma cantidad.

Se prevé que la distribución de este dinero se acuerde en convenios bilaterales entre el Estado y cada comunidad autónoma, siempre descartando la financiación de la cartera básica de prestaciones, que será íntegramente financiada por el Gobierno central. En Ejecutivo calcula que para 2015, fecha en la que deberá estar implantado el sistema, éste tendrá un coste aproximado de 9.500 millones de euros.

El portavoz de política social y empleo de CiU en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, incide en las lagunas sobre la financiación del futuro sistema de dependencia. 'El artículo 31 del anteproyecto de ley, que recoge la financiación, -explica Campuzano- es muy confusa'. En su opinión, tal y como está redactado el anteproyecto, el Estado no garantiza la financiación de una cartera básica e igual para todos y se invaden las competencias de las comunidades autónomas. 'Si esta ley no resuelve bien las competencias del Estado en esta materia, no funcionará', añade Campuzano. CiU presentará en el Congreso una enmienda a la totalidad con un texto alternativo de la ley.

En este punto, el alcalde de Cartaya (Huelva), Juan Antonio Millán, criticó que la ley 'no marca bien las líneas de relación entre el Estado y las comunidades autónomas' y por ello muestra su preocupación por la posibilidad de que 'como ya ocurre muchas veces, el dinero que da el Estado a las comunidades no llegue por igual a todos los ayuntamientos'. Es por ello que reclama que la ley fije bien los canales de distribución de la financiación: 'lo peor que podría pasar es que el Estado se tenga que gastar más en el control de los servicios que en la prestación de los mismos', añade.

Esta preocupación, por el protagonismo de los ayuntamientos en la prestación de los servicios de dependencia es compartida por Pedro Muñoz, presidente Confederación Nacional de Entidades de Previsión Social (CNEPS). 'Debería ser el municipio el único interlocutor ante el ciudadano en la prestación de servicios', dice Muñoz.

El polémico copago

Pero, sin duda, uno de los puntos que suscitó más debate fue la articulación del copago de la prestación en función de la capacidad económica del beneficiario (incluyendo la totalidad de sus rentas, también las patrimoniales y de capital), tal y como prevé la ley.

El hecho de que se desconozca la horquilla que defina qué parte de la prestación que deberán pagar los usuarios, impide que éstos planifiquen, por ejemplo, un seguro para afrontar dicho copago, según señala Ignasi Faura. El presidente de CNEPS va más allá al considerar que 'el copago debería vehicularse a través de un seguro'. Si bien, añade que desde la Confederación de Mutualidades se ha intentado que el nuevo IRPF incluyera un nuevo canal de ahorro vinculado con la dependencia y con unos beneficios fiscales diferenciados 'pero no hemos encontrado el eco suficiente', se lamenta.

El presidente de la Fundación ONCE y secretario general del Comité Español de Representantes de Minusválidos. (Cermi), Carlos Rubén Fernández, incorpora otra sugerencia en materia de financiación del futuro sistema. A su juicio, el problema no es de falta de recursos o de indefinición de competencias sino de reordenación de los recursos que ya se tienen. 'Si no se establece un proceso adecuado de financiación, el dinero que deban aportar las comunidades autónomas deberá salir de otras partidas presupuestarias distintas a las de dependencia', indica.

Según sus argumentos, la reordenación de los recursos que ya destinan las comunidades a atender a personas dependientes a través de sus servicios sociales supondría un importante ahorro que se traduciría automáticamente en mayor financiación.

De hecho, Fernández asegura que en la actualidad la atención a la gran dependencia (sobre todo terminal) ya se está haciendo, pero a través del sistema sanitario, lo que cuesta cuatro veces más caro que si se hiciera con una red de atención a dependientes.

Precisamente, el Sistema Nacional de Dependencia arrancará en 2007, otorgando una prestación, fundamentalmente de servicios, a 200.000 personas que tienen un grado de dependencia más severa. Iniciar con ellos el sistema costará sólo en el próximo ejercicio 1.600 millones de euros.

El presidente del sector sociosanitario de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado (Faecta), Andrés Rodríguez, también insiste en reordenar los recursos de los que ya disponen las comunidades, ya que según denuncia 'el 30% de los residentes en las residencias de la tercera edad no debería estar ahí, sino siendo atendido en sus casas u otros centros'.

Es esta necesidad de reordenar los recursos públicos con los que ya se cuenta, la que lleva a Campuzano a criticar que el Ministerio de Sanidad no haya participado en el diseño inicial de la ley.

Otro de los aspectos básicos del futuro sistema de dependencia que preocupa a los participantes en esta jornada es que se garantice bien la universalidad del sistema, esto es, que la ley garantice el acceso a las prestaciones a todos los españoles. Para ello, el portavoz de CiU considera que en el artículo 12.5 del anteproyecto debería eliminarse la preferencia de acceso a la prestación en función de la capacidad económica del beneficiario.

Derecho exigible

Para solucionar este problema, el Gobierno, en su última redacción de la ley, ha querido anclar más el derecho a que la prestación de dependencia sea universal. Para ello, la norma establece que dicho derecho será exigible administrativa y judicialmente.

Los expertos también coinciden en que la aportación de un gran número de recursos humanos es un debate que ni siquiera ha comenzado todavía. El consejero de la Junta Directiva de (Cepes), Ignasi Fauras, advierte que 'si la red de atención no se monta con unos criterios unificados de gestión y formación, la norma no tendrá éxito'.

En el terreno práctico, el alcalde del municipio onubense de Cartaya, Andrés Rodríguez, asegura que 'ya hay muchas comunidades con auténticos problemas de falta de vocación para convertirse en cuidadores profesionales'.

Pese a ello, Rodríguez reconoce que uno de los aspectos más positivos de la futura ley será que sacará de la economía sumida a muchos de sus cuidadores y permitirá que, con la nueva red de atención de profesionales, casi 100.000 familiares, que ahora se dedican al cuidado de personas dependientes, queden liberados para incorporarse al trabajo.