Este proyecto consiste en un gran paquete de licitación pública "que intentará paliar la desaceleración dentro de la construcción residencial", por un valor en torno a los 565 millones de euros, y la puesta en marcha de fórmulas de financiación, como la línea Aval Castilla-La Mancha para PYMES.

En tercer lugar anunció la intención del Gobierno regional de "ayudar a llevar mejor estos meses de cambio de ritmo a la industria auxiliar a la construcción". Para ello, el Consejo de Gobierno está estudiando, "por orden expresa del presidente de la Junta, José María Barreda, la manera de incorporar a nuestros pliegos de prescripciones técnicas, clausulas que garanticen que los edificios que promueve la Junta cuenten con materiales que se fabrican en la región".