El joven investigador en la privada seguirá viviendo de becas

La nueva Ley de Ciencia supondrá una mejora sustancial de las condiciones de trabajo de los investigadores españoles, pero no de todos. El borrador de anteproyecto elaborado por el gabinete de Cristina Garmendia, que prevé ser presentado el próximo día 12, lleva a cabo una reestructuración de la carrera profesional del investigador que incluye, entre otras medidas, la creación de cuatro modelos de contratos laborales: un contrato predoctoral para jóvenes en formación, un contrato posdoctoral de acceso al sistema español de ciencia y tecnología, una modalidad para contratar investigadores distinguidos y un cuarto modelo de contrato para la realización de proyectos específicos.

Todos ellos, sin embargo, incluyen una condición: serán ofrecidos sólo por organismos públicos, así como por universidades públicas y privadas y entidades privadas sin ánimo de lucro cuando éstas "sean beneficiarias de ayudas o subvenciones públicas que incluyan en su objeto la contratación de personal investigador".

Según han denunciado diversas asociaciones de investigadores, ello significa la exclusión de aquellos científicos que trabajen en entidades que no reciban ayudas públicas para este fin, algo que afectará especialmente a los jóvenes en etapa predoctoral que investiguen tanto en compañías privadas como en aquellas universidades y organizaciones sin ánimo de lucro que no obtengan estos fondos, y que seguirán dependiendo de becas para desarrollar su trabajo.

"Hemos explicado al ministerio que consideramos este aspecto como un completo error y que no estamos dispuestos a pasar por ello. No queremos que nadie, incluidas las empresas, se escape del ámbito de esta ley y no vamos a permitir que en España existan dos tipos de investigadores: de primera y de segunda clase", señalaba ayer Salomón Aguado, portavoz de la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI)/Precario.

El mejor borrador

A falta de dos días para la convocatoria de una manifestación de protesta contra el borrador por parte de varios colectivos de investigadores, Aguado explica que éste es uno de los escollos que enfrentan a científicos, sindicatos y Gobierno. "Tal y como está redactado el texto existe la posibilidad de que también en las universidades públicas se siga trabajando con becas cuando la financiación de los proyectos sea privada", advierte. Pese a reconocer que el último borrador que ha presentado el ministerio "ha mejorado considerablemente los anteriores", el portavoz de la Federación de Jóvenes Investigadores afirma que hasta el momento el Gobierno no parece dispuesto a acoger estas reivindicaciones. "Oficialmente se nos ha dicho que esto se estudiará, pero no parece que haya intención de modificarlo", advierte Aguado.

Por su parte, la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, presentó ayer a las comunidades autónomas el borrador del anteproyecto en el seno del Consejo General de la Ciencia y la Tecnologías.

Según Garmendia, quien subrayó ante los representantes autonómicos que el texto que ha elaborado su gabinete "es estrictamente respetuoso con el marco competencial", insistió en que la nueva ley pretende transformar "una realidad que está frenando nuestra competitividad científica e inhibiendo el desarrollo de una economía innovadora, como es la falta de coordinación e integración en materia de política científica y de innovación entre las diferentes Administraciones".