En España actualmente existen tres gravámenes de IVA. El superreducido del 4%, el reducido del 8% y el tipo general del 18%. Hacienda estudia subir el gravamen del 8% al 10%, lo que afectaría al sector del turismo y el ocio (bares, restaurantes y hoteles). Además, también se aplicaría al transportes de viajeros, a los alimentos elaborados, al agua, a las peluquerías, a las lentillas o las entradas de cine y otros eventos culturales.
El Gobierno, incluso, se ha planteado seguir los pasos de Irlanda o Francia y establecer, bajo el epígrafe de productos con un IVA reducido, dos gravámenes distintos. Uno se mantendría en el 8% y otro sería ligeramente superior. Por ejemplo, Francia aplica un tipo superreducido del 2,1%, dos reducidos del 5,5% y del 7,7% y otro general del 19,6%. Sin embargo, esta posibilidad tiene ciertos inconvenientes, ya que España debería pedir permiso a Bruselas. Eduardo Verdún, socio de Ernst & Young Abogados, señala que, hoy por hoy, la directiva comunitaria impide a España establecer un cuarto tipo impositivo.
La única certeza es que los contribuyentes pagarán un mayor IVA a partir de este año o, como muy tarde, en enero de 2012. Entrar en un bar y pedir una cerveza será más caro, siempre y cuando los empresarios repercutan el incremento a precios. Lo mismo sucederá a la hora de tomar un avión, comprar un billete de tren o subirse a un taxi. También se encarecerá la compra de alimentos elaborados.
El incremento del IVA es una de las condiciones impuestas por Bruselas para conceder un año más de plazo a España -hasta 2014- para rebajar su elevado déficit público al 3%. La Comisión Europea entiende que el Gobierno no utiliza el potencial que tiene el IVA, un tributo que los españoles empezaron a pagar en 1986. De hecho, España es el país de la UE que menos recauda por el principal impuesto indirecto. Incluso Grecia -con una mayor economía sumergida- saca un mayor rendimiento de este impuesto.
"Si no existiera el con IVA o sin IVA, no deberíamos subir tanto el impuesto", señaló el lunes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Desde que la Comisión Europea recomendó meses atrás a España incrementar las bases imponibles del tributo para elevar la recaudación, el Gobierno está estudiando todas las posibilidades. El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, reconoció que trabajan en la modificación de la estructura del IVA. Ello implica que productos que aplican el tipo del 4% pasen a tributar al 8% y aquellos que se encuentren en el 8% paguen ahora el 18%. "Todas las posibilidades están abiertas", apuntan desde el departamento de Montoro.
En cualquier caso, la presión que ejerce Bruselas eleva la probabilidad de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy, además de recortar la lista de productos que se benefician de tipos reducidos, eleve el gravamen general del 18% al 19% o 20%. La medida, sin embargo, va en dirección contraria a las tesis que ha defendido Montoro ahora en el Gobierno y antes en la oposición. El ministro de Hacienda, semanas atrás, todavía insistía en que elevar los impuestos indirectos agudizaría la recesión económica. Cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero subió el IVA general del 16% al 18% y el reducido del 7% al 8%, Montoro y los grandes dirigentes del Partido Popular señalaron que ello supondría más crisis y más paro.
El incremento impositivo del anterior Gabinete permitió recaudar 5.403 millones adicionales entre julio de 2010 y julio de 2011, una cifra acorde con las previsiones que realizó el entonces Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Es previsible que una medida similar aporte ahora menos ingresos, ya que la economía española caerá, como mínimo, un 1,7% este año. En 2011 el PIB avanzó un tímido 0,7%. Precisamente por este motivo, Montoro ha intentado hasta el último momento retrasar al máximo la subida del IVA. Hacienda entiende que resulta contraproducente elevar el principal impuesto sobre el consumo en un ejercicio en que la demanda nacional caerá en torno al 4,4%.
Adiós a las ventajas fiscales en vivienda
Las política fiscal sobre la vivienda ha recibido las mayores críticas por parte de Bruselas. El anterior Gobierno incluyó a la vivienda libre en el listado de productos que aplican el IVA superreducido del 4%, una medida que el actual Ejecutivo prorrogó tras instalarse en La Moncloa. Con toda seguridad, las casas volverán en 2013, si no antes, a tributar al tipo reducido del 8% y que, previsiblemente, subirá al 10%.
Por otra parte, Bruselas también criticó con inusitada dureza la decisión de restablecer la deducción en el IRPF por compra de vivienda, un beneficio fiscal que Zapatero eliminó para las rentas superiores a 24.100 euros. A cambio de flexibilizar la senda de consolidación fiscal, Bruselas exige que se supriman las rebajas tributarias ligadas a la adquisición de casas. La recuperación de la principal deducción que contempla el IRPF es una de las pocas promesas concretas que Rajoy ha cumplido.
Fuentes de Hacienda apuntan que están dispuestos a acatar las recomendaciones de Bruselas aunque añaden que la decisión no afectará a quien ya ha comprado una casa. Es decir, aquellos contribuyentes que actualmente se deducen por vivienda podrán continuar haciéndolo hasta cancelar su hipoteca. La previsible supresión de la deducción afectará a los compradores de pisos a partir de 2013. El efecto de la medida es muy limitado a corto plazo en el actual contexto de atonía del mercado inmobiliario. En el mejor de los casos, la eliminación del beneficio fiscal ahorraría solo 267 millones el primer año de aplicación. Más que generar ingresos, esta modificación normativa supondrá un cambio histórico en la forma de concebir el encaje de la vivienda en el marco fiscal.
