El investigador obtendrá un contrato fijo previo examen
El próximo 6 de marzo la Federación de Jóvenes Investigadores emprenderá una marcha en Madrid bajo el lema Investigar es invertir en futuro. En ella reclamarán "el diseño de una carrera en función de la planificación racional por etapas y la profesionalización digna de los diferentes estamentos del sistema científico". Una exigencia en el que el mismo Gobierno se encuentra trabajando en este momento.
La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, quiere "diseñar una carrera científica atractiva basada en méritos estables y en el reconocimiento", para incluirla en la nueva Ley de Ciencia. El texto que según su previsión "pasará en dos o tres semanas al Consejo de Ministros", será "transformador".
Su propuesta consiste en crear un sistema tenure track, propio del mercado anglosajón. De esta forma los investigadores que después de cursar la carrera, el doctorado y el posdoctorado quisieran optar a un contrato fijo y con todas las garantías, bien en organismos públicos o privados, podrían concurrir con una fórmula nueva: el contrato de cinco años con opción a indefinido al tercer ejercicio y previo paso de un examen evaluado por una instancia independiente.
El cambio fundamental de esta propuesta reside en que el empleador deberá cumplirlo de manera obligatoria, e incluso, instituciones que hasta ahora no podían hacerlo, contarán con esta posibilidad.
Hasta lo que se conoce de la nueva ley, que tampoco es mucho, la norma incluiría homogeneizar las estructuras retributivas de los organismos públicos de investigación, así como las condiciones de entrada y promoción.
El PP está básicamente de acuerdo en mejorar las condiciones de los investigadores. Sin embargo, Gabriel Elorriaga, portavoz del PP en la comisión de ciencia e innovación en el Congreso, reconoce que "el asunto se está llevando en la clandestinidad".
Por este motivo, duda de que la ministra presente el texto para su aprobación al Consejo de Ministros durante las próximas semanas. "Primero debería informar a los agentes sociales, las comunidades autónomas y la comisión de secretarios y subsecretarios", añade. Tampoco tiene claro cómo se puede articular este tipo de contrato de cinco años con la legislación laboral actual. "Técnicamente, la propuesta parece estar mal resuelta", explica.
Hasta llegar a ese contrato indefinido, el investigador debería pasar por otros de formación y prácticas. Los graduados universitarios admitidos en doctorados accederían a contratos de formación con una duración máxima de cuatro años al principio.
En una segunda etapa y tras el doctorado, optarían a un contrato de prácticas de uno a tres años. Actualmente, un investigador no puede firmar este tipo de contrato si han pasado más de cuatro años desde que se doctoró. Sin embargo, esta restricción con la nueva ley se anularía. Los expertos creen que así el científico tendría menos incertidumbre y podría querer quedarse más tiempo en España para hacer su carrera.
La cifra
1,35% del producto interior bruto (PIB) español es lo que el Gobierno destina a I+D+i, frente al 3% que fija como objetivo la Agenda de Lisboa.
Tijeretazo de 28 millones en nuevas convocatorias
El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes un recorte presupuestario de 27,7 millones de euros en el capítulo séptimo del Ministerio de Ciencia e Innovación. Este recorte, que pasó desapercibido entre todas las propuestas presentadas, afecta a las convocatorias de plazas públicas para la contratación de personal en el ejercicio 2010 y supone un nuevo varapalo para los científicos, que han visto como la inversión destinada a I+D+i se ha reducido considerablemente como consecuencia de la crisis.Los investigadores se quejan de que el Gobierno sólo destina a Investigación, Desarrollo e Innovación un 1,35% del PIB frente al 2% que se había comprometido o el 3% que fija como objetivo la Agenda de Lisboa y piden un "Pacto de Estado por la Ciencia y la Investigación". "Exigimos un compromiso, real, escrito y a largo plazo de los partidos políticos, con participación de los diferentes agentes sociales y de las comunidades autónomas", aseguran desde la Federación de Jóvenes Investigadores. También piden más facilidad para moverse entre organismos, algo que el Gobierno está dispuesto a cambiar.La nueva ley podría eliminar las barreras que existen actualmente para pasar de un organismo público a otro (por ejemplo, del CSIC al Ciemat) e incluso de una institución estatal a una privada.Así, según el ministerio, "los empleados en instituciones públicas podrán adscribirse a una institución en la que normalmente realizan su trabajo conservando el sueldo". También se contemplaría permitir a los empleados públicos tomarse excedencias de hasta cinco años para trabajar en la empresa privada. Durante este tiempo, tendrían derecho a la reserva de su puesto de trabajo, a acumular antigüedad y a la evaluación de la actividad investigadora.